Durante años, las cámaras estuvieron apuntando hacia afuera. Pero ahora, el foco parece haberse girado hacia el interior de uno de los canales de noticias más conocidos de Colombia.

Lo que comenzó como una inspección laboral aparentemente rutinaria terminó convirtiéndose en una tormenta mediática que amenaza con sacudir los cimientos de RED+ Noticias. Denuncias de presunto acoso laboral, señalamientos de conductas sexuales inapropiadas, acusaciones de maltrato contra trabajadores y una polémica relacionada con el caso de Dylan Cruz han colocado al canal en el centro de una controversia que crece con cada nueva revelación.

Según versiones difundidas por medios alternativos, extrabajadores y excolaboradoras del canal habrían entregado testimonios en los que describen un ambiente laboral que, presuntamente, estuvo marcado durante años por el miedo, el silencio y el abuso de poder.

Las denuncias apuntan principalmente contra el exdirector Giovanni Celis, quien recientemente salió de la organización en medio del escándalo. Diversos testimonios recogidos por medios y organizaciones periodísticas aseguran que varias trabajadoras habrían experimentado situaciones incómodas que iban desde comentarios sobre su apariencia física hasta presuntos comportamientos que ellas interpretaron como acoso sexual.

Una de las historias más impactantes relata cómo una periodista habría recibido mensajes relacionados con su vestimenta después de realizar una transmisión en vivo. Otra exempleada afirmó que el entonces directivo supuestamente aprovechaba trayectos en vehículos de la empresa para acercarse físicamente a algunas compañeras de trabajo.

Aunque estas versiones han generado una enorme reacción pública, es importante señalar que se trata de denuncias y testimonios que deberán ser evaluados por las autoridades competentes.

Pero las acusaciones no terminan allí.

Las investigaciones también habrían revelado presuntos episodios de acoso laboral. Extrabajadores describen un ambiente donde los gritos, las humillaciones públicas y las presiones constantes formaban parte de la rutina diaria.

Uno de los relatos más comentados menciona incluso la supuesta destrucción de un teclado durante una discusión laboral por un error menor en una publicación periodística. Otros testimonios hablan de llamadas fuera del horario laboral, insultos y comportamientos que algunos consideran incompatibles con un entorno profesional saludable.

El caso tomó una dimensión aún más grande cuando el Ministerio de Trabajo realizó una inspección en las instalaciones del canal.

Según diversas versiones, funcionarios habrían implementado mecanismos para que los trabajadores pudieran reportar de manera anónima cualquier situación irregular. Entre ellos figuraban códigos QR distribuidos dentro de las instalaciones para facilitar la presentación de denuncias.

Sin embargo, una de las acusaciones más controvertidas sostiene que habría existido una orden para retirar dichos códigos. Esa afirmación ha provocado nuevas preguntas y ha alimentado el debate público sobre lo que realmente estaba ocurriendo dentro de la organización.

Mientras tanto, otro hallazgo llamó la atención de las autoridades.

De acuerdo con reportes divulgados durante los últimos días, la mayoría del personal del canal estaría vinculado mediante esquemas de tercerización laboral. El Ministerio de Trabajo habría identificado que únicamente una pequeña parte de los trabajadores tendría contratos directos con la empresa principal.

Expertos en derecho laboral señalan que la tercerización es legal en muchos casos, pero puede convertirse en un problema cuando se utiliza para evadir obligaciones laborales o cuando los trabajadores reciben órdenes directas de una empresa distinta a la que figura formalmente como su empleadora.

Las investigaciones sobre este aspecto continúan y podrían derivar en nuevas actuaciones administrativas.

Sin embargo, la polémica alcanzó otro nivel cuando resurgió un tema que parecía enterrado desde hace años: el caso de Dylan Cruz.

Diversos reportajes publicados recientemente sostienen que RED+ Noticias habría tenido acceso a un video grabado durante las protestas de noviembre de 2019. Según estas investigaciones, el material mostraría el momento exacto en que Dylan Cruz fue impactado por un proyectil disparado por un agente del ESMAD.

La controversia surge porque algunos periodistas y trabajadores afirman que esas imágenes nunca fueron emitidas.

De acuerdo con los testimonios publicados, varios integrantes del equipo habrían intentado impulsar la difusión del video, pero supuestamente recibieron instrucciones para no hacerlo.

Uno de los camarógrafos involucrados declaró que aquella decisión lo afectó profundamente porque sentía que el material podía aportar claridad a uno de los casos más dolorosos de la historia reciente del país.

Las acusaciones sostienen que incluso habría existido una orden para tratar el incidente como un hecho confuso y evitar cualquier conclusión que comprometiera a las autoridades involucradas.

Frente a estas afirmaciones, los señalados han rechazado diversas acusaciones y han insistido en que muchas de las versiones difundidas no corresponden a la realidad.

Mientras tanto, las redes sociales se han convertido en un campo de batalla donde miles de usuarios exigen respuestas, investigaciones y eventuales sanciones si se comprueba alguna irregularidad.

Lo cierto es que el caso ha trascendido ampliamente el ámbito de un canal de televisión.

Para muchos observadores, la controversia abre preguntas incómodas sobre las condiciones laborales en los medios de comunicación, los mecanismos de protección para periodistas y trabajadores, y el papel que desempeñan las grandes empresas informativas cuando enfrentan denuncias internas.

Cada día aparecen nuevos testimonios, nuevas versiones y nuevas preguntas.

¿Se trata de casos aislados o de un problema estructural?

¿Existió realmente una cultura de silencio dentro de la organización?

¿Podrán las investigaciones esclarecer lo ocurrido?

Por ahora, las respuestas siguen pendientes.

Lo único indiscutible es que una inspección que parecía una diligencia más terminó desencadenando una de las crisis mediáticas más explosivas de los últimos años. Y mientras las investigaciones avanzan, Colombia observa atentamente un caso que todavía parece estar lejos de llegar a su capítulo final.