En el agitado y cada vez más polarizado escenario político de México, las libertades fundamentales parecen estar bajo un asedio constante y sistemático. La reciente andanada de declaraciones desde la cima del poder ejecutivo no es simplemente un exabrupto mediático más; es el reflejo de una estrategia calculada para controlar la narrativa, asfixiar a los medios independientes y, sobre todo, tender un espeso velo de opacidad sobre los vínculos cada vez más evidentes entre las estructuras gubernamentales y el crimen organizado.

El detonante más reciente de esta crisis institucional fue la audaz e insólita petición, casi exigencia, lanzada por la presidenta Claudia Sheinbaum desde su conferencia matutina: “No vean TV Azteca”. Esta declaración, lejos de pasar inadvertida como un simple comentario al margen, encendió las alarmas de todos los defensores de la libertad de expresión y de los derechos democráticos en el país. La respuesta no se hizo esperar, y fue demoledora. Ricardo Salinas Pliego, el controvertido empresario y dueño de la televisora, propuso con mordaz ironía la creación del premio al “Mitómano de la semana”, sugiriendo que la mandataria sería la ganadora indiscutible y permanente debido a sus constantes falacias.

Pero este enfrentamiento va mucho más allá de un duelo de egos entre una jefa de Estado y un magnate de las telecomunicaciones. Es el síntoma de una enfermedad profunda que corroe el sistema democrático: la intolerancia a la crítica y el deseo obsesivo de monopolizar la verdad.

En un país donde el ejercicio periodístico es una labor de alto riesgo, los medios de comunicación y las plataformas independientes, como Atypical Te Ve, se han convertido en el último bastión de la información veraz. Y es precisamente esta independencia económica y editorial lo que incomoda profundamente al régimen. Los medios que no dependen del presupuesto público, de los jugosos contratos de publicidad oficial, ni de las subvenciones gubernamentales, son inmunes a las presiones y chantajes. A ellos no se les puede dictar la línea editorial desde Palacio Nacional. No se les puede prohibir hablar de las profundas crisis que azotan a la nación: el desabasto crónico de medicamentos oncológicos, la falta de vacunas en el sistema de salud pública, los trágicos accidentes en obras faraónicas como el tren interoceánico y, lo más grave de todo, la consolidación de lo que ya se conoce en el argot popular como los “narcos del bienestar”.

La estrategia oficial es clara y maquiavélica: arrebatarle a los ciudadanos el derecho inalienable a la información. Si el gobierno logra silenciar a los medios críticos, la población quedará a merced de las maquinarias propagandísticas estatales. Estaremos sometidos a la narrativa diaria de funcionarios dedicados a desinformar desde el púlpito del poder, orquestando campañas de difamación y distracción para tapar el sol con un dedo.

Sin embargo, la realidad es obstinada y siempre termina por salir a la luz. Y la realidad que hoy atormenta a las altas esferas gubernamentales no proviene de las televisoras nacionales, sino de los fríos e implacables expedientes de las cortes de justicia en los Estados Unidos. Las recientes visitas de altos funcionarios y emisarios estadounidenses han cambiado drásticamente el tono del discurso oficial en México. Las arengas patrioteras sobre la “soberanía nacional” y las exigencias altaneras de “pruebas, pruebas, pruebas” se han desvanecido, dando paso a un nerviosismo inocultable y a un pánico que se respira en los pasillos gubernamentales.

Las columnas periodísticas más incisivas, como las del periodista Claudio Ochoa, han revelado detalles escalofriantes sobre investigaciones de inteligencia y carpetas fiscales que obran en poder de las propias autoridades mexicanas desde hace años. Se habla de espionaje, de audios, de videos y de transcripciones telefónicas que datan desde el 2021, los cuales incriminan directamente a figuras de altísimo nivel, como el hoy senador Inzunza y el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Los reportes de inteligencia son devastadores. Describen cómo, supuestamente, altos funcionarios repartían instrucciones para recoger y entregar “los verdes” (dinero en efectivo producto de sobornos o lavado de dinero), y cómo utilizaban el aparato estatal para intimidar, “acalabrar” (golpear o amenazar) y someter a aquellos que no se alineaban a las exigencias de los cárteles. Más aterrador aún es la presunta colusión para entregar el control operativo de las policías estatales y municipales a facciones criminales —como los “Chapitos”— a cambio de apoyo político y financiero. Se menciona la participación activa en el secuestro, tortura y desaparición de informantes de la DEA, utilizando los recursos del Estado como sicariato al servicio del narcotráfico.

Con semejantes expedientes acumulando polvo en los cajones de la Fiscalía General de la República (FGR), resulta un insulto a la inteligencia ciudadana la nueva propuesta legislativa impulsada por la Presidencia. El gobierno plantea la creación de un mecanismo donde el Instituto Nacional Electoral (INE) deba consultar obligatoriamente a la FGR, a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y a otras instancias de seguridad, sobre la “idoneidad” y los posibles nexos criminales de cualquier candidato a un puesto de elección popular. En papel, suena a una medida anticorrupción. En la práctica, es una trampa mortal para la democracia.

Es una simulación perversa. ¿Cómo pueden los mexicanos confiar en el dictamen de fiscalías y policías que, según múltiples testimonios y evidencias, han sido entregadas al control del crimen organizado? Si el sistema está podrido desde la raíz, consultar a las autoridades corrompidas sobre la probidad de un candidato oficialista arrojará invariablemente un certificado de pureza irreal. Nunca advertirán sobre los nexos criminales de sus propios aliados. Por el contrario, este mecanismo se convertirá en la herramienta perfecta para la persecución política, el espionaje y el descarrilamiento de candidaturas opositoras incómodas, bastando una simple “denuncia anónima” fabricada desde el poder para vetar a un rival.

La historia reciente nos sobran ejemplos de cómo se utiliza el aparato de justicia de manera facciosa. Las intervenciones telefónicas ilegales, la fabricación de delitos inexistentes para encarcelar a adversarios políticos o personales (como el tristemente célebre caso de Alejandra Cuevas), y la actual persecución con todo el peso del Estado contra figuras de oposición como la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, son pruebas irrefutables de que la justicia en México no es ciega, sino que tiene un ojo puesto en la lealtad partidista y el otro en la venganza política.

La revelación de que importantes sumas de dinero, que habrían superado por mucho los topes de campaña establecidos por la ley, provinieron presuntamente de operadores vinculados a las redes criminales sinaloenses para financiar proyectos políticos nacionales, es la estocada final a la narrativa de honestidad de la “Cuarta Transformación”. Periodistas especializados en seguridad, que arriesgan su vida día a día para desentrañar estas redes de complicidad, continúan aportando datos duros que el gobierno no puede refutar, y que, por lo tanto, intenta censurar.

En conclusión, el llamado a “no ver TV Azteca” no es un incidente aislado; es el grito desesperado de un régimen autoritario que siente cómo el agua de la realidad internacional y del periodismo de investigación les llega al cuello. Los mexicanos tienen el derecho humano y constitucional de estar informados, de escuchar todas las voces, de conocer las fallas, las corrupciones y los pactos oscuros de quienes los gobiernan. Callar a la prensa es el primer paso para consolidar una tiranía, y es deber de la sociedad civil, de las plataformas independientes y de la ciudadanía en general, defender con firmeza su derecho a saber, exigir rendición de cuentas y no permitir que las sombras de la censura y la narcopolítica sepulten el futuro democrático de México.