Entre reproches del juez y tensiones procesales, el expresidente de la Diputación rompe su silencio sobre los días en que se gestó el polémico contrato musical. Una frase resuena en la sala: “Que gane el mejor”.

El ambiente en la sala de vistas estaba cargado con esa densidad eléctrica que solo se respira cuando la política y el Código Penal se sientan en el mismo banquillo. No era un juicio cualquiera; era la radiografía de un sistema de poder territorial bajo la lupa de la sospecha. Frente al micrófono, con la voz templada por los años de tablas institucionales pero con la rigidez propia de quien se sabe observado por toda la nación, el acusado se dispuso a responder. Lo que siguió no fue solo un interrogatorio de defensa, sino el desmantelamiento minucioso de lo que él mismo no dudó en calificar, ante la mirada severa del tribunal, como «una novela de ficción propia de los premios Felipe Trigo».

La comparecencia judicial, cuyo contenido ha permanecido bajo el estricto escrutinio de los analistas jurídicos, destapó los engranajes de la Diputación Provincial en aquel ya lejano otoño de 2016. Un período convulso donde el Partido Socialista se desangraba en batallas fratricidas en Madrid mientras, en la distancia de las provincias, se tomaban decisiones que hoy, casi una década después, amenazan con hacer tambalear los cimientos del entorno más íntimo del palacio de la Moncloa.

El fantasma de la crisis de 2016

El letrado de la defensa arrancó el interrogatorio apuntando directo al corazón del relato de la acusación: el fatídico estallido socialista de septiembre y octubre de 2016, que culminó con la dimisión forzada de Pedro Sánchez como secretario general del PSOE. La pregunta era obligada: ¿qué papel jugó el barón provincial en aquel magnicidio político? La respuesta fue un ejercicio de equilibrismo y lealtad orgánica. El acusado admitió haber apoyado «de forma cerrada» las directrices de Guillermo Fernández Vara, el entonces secretario general regional —«que en paz descanse», apostilló con respeto—, alineándose con la disciplina interna tanto en su condición de miembro de la ejecutiva como en su rol de alcalde y presidente de la Diputación.

Sin embargo, el verdadero nudo gordiano del proceso no radicaba en las cuotas de poder interno del partido, sino en si aquella marejada política tuvo un trasvase de favores personales. El abogado insistió, buscando desvincular por completo al actual presidente del Gobierno de cualquier interferencia en la administración local: «¿Se puso en contacto el actual presidente con usted reclamando algún apoyo personal, familiar o político?». La respuesta pretendió ser un hachazo definitivo a las tesis de la acusación: «Primero, claro que no era presidente de Gobierno, ni siquiera secretario general… En cualquier caso, no».

El momento de mayor tensión en el estrado llegó cuando el nombre de David Sánchez, hermano del líder socialista y músico de profesión, flotó en el aire de la sala. El acusado fue tajante al negar cualquier conversación, directa o indirecta, sobre el violonchelista en aquellas fechas críticas: «No me podía hablar de su hermano. Primero porque tampoco es que tuviera una relación fluida, pero segundo porque ni siquiera en aquella época yo era consciente de que tuviera hermanos».

El tirón de orejas del Magistrado

La declaración, sin embargo, estuvo a punto de descarrilar cuando el acusado, visiblemente molesto por el enfoque de las preguntas de las acusaciones populares, intentó expandirse en un alegato político sobre lo ocurrido en la mítica reunión de Valdivia del 11 de octubre de 2016. Fue en ese instante cuando el presidente del tribunal intervino con la frialdad implacable de la judicatura española, cortando en seco la digresión del encausado.

«Bien, vamos a ver, un momento», frenó el magistrado, imponiendo el silencio en la sala. «Mire, luego después, cuando se acabe el juicio, tiene derecho a la última palabra, que usted puede decir… es un derecho constitucional. Ahora vamos a centrar el debate. Lo que le está preguntando su abogado, que puede responder o no responder, pero eso que usted quiera hacer lo puede hacer después». Un severo aviso de la tiranía procesal que devolvió el foco a lo estrictamente jurídico: cómo se gestó la plaza del hermano del presidente.

La cocina del consenso en Valdivia

Reencauzado el debate por orden del juez, el interrogatorio se adentró en la fontanería administrativa. ¿Cómo se tomaban realmente las decisiones en aquellas reuniones clave donde se diseñaban los presupuestos de la provincia? Frente a la sospecha de una imposición digital o de un diseño a la carta, el procesado defendió la pulcritud de la «dinámica de ese tipo de reuniones». Según su relato, todo partía de una intervención presidencial que desgranaba las previsiones de crecimiento del país para fijar las prioridades políticas generales.

«Luego se hace una ronda por cada uno de los diputados donde van marcando sus prioridades en cuanto a su área», explicó minuciosamente al tribunal, intentando desmontar la imagen de un cortijo autoritario. «Y es ahí donde se discute, se discute además mucho, mucho, pero siempre se llega a un consenso, no hay votación, siempre es por acuerdo». El famoso «han decidido», frase que sobrevuela el sumario como el indicio de una orden superior, quedaba así diluido en la retórica del pacto colegiado.

El origen del puesto: la defensa de los conservatorios

El núcleo de la causa penal gira en torno a la creación de un puesto de carácter directivo para coordinar las actividades de los conservatorios provinciales, la plaza que finalmente acabaría ocupando David Sánchez. El acusado se ratificó en sus declaraciones de la fase de instrucción, asegurando que no se movería «ni un milímetro» de lo dicho ante la jueza instructora. Hace nueve años, argumentó, la Diputación vio la necesidad imperiosa de coordinar una «ingente cantidad de actividades» que, hasta ese momento, se quedaban encerradas entre las paredes de las aulas.

Con cierta indignación contenida, el expresidente de la corporación provincial arremetió contra quienes sostienen que el puesto fue un traje a la medida diseñado para estar por encima de los directores de los propios centros musicales. «Eso es no entender ni conocer para nada lo que es la administración local», espetó con dureza. Lo que se pretendía, según su versión, era canalizar el talento de los alumnos para que trascendiera las fronteras de la provincia, llegando incluso a proyectos conjuntos con Portugal y regiones limítrofes.

“Que gane el mejor”

Uno de los momentos más escrutados por los peritos judiciales fue el de la firma y provisión de la controvertida plaza. A preguntas de su letrado, el acusado admitió la posibilidad de haber preguntado en su día por los plazos de incorporación del puesto directivo, pero descargó toda la responsabilidad ejecutiva en el engranaje técnico: la convocatoria no llevaba su rúbrica, sino la del diputado delegado de Recursos Humanos.

La defensa buscó el golpe definitivo para alejar la sombra de la prevaricación: «¿Dio usted la orden al o le pidió, le rogó, le intimó al señor diputado de Recursos Humanos para que sacara a provisión la plaza?». «No, no, no. Absolutamente no», replicó con vehemencia. Tampoco hubo, según sus palabras, influencia ni sugerencia alguna sobre quién debía ser el elegido. El conocimiento de que el hermano de Pedro Sánchez estaba entre los aspirantes le llegó, según su testimonio, de forma casual a través de un miembro de su gabinete: «Me comentó que entre los aspirantes estaba el hermano del exsecretario general del Partido Socialista y dije: que gane el mejor».

El laberinto judicial del “hermano músico”

La última fase del interrogatorio dejó al descubierto la naturaleza de la relación que mantuvieron el jefe de la corporación y el director de área tras la adjudicación del puesto. Lejos de las teorías que hablaban de una relación estrecha o de un trato de favor continuado, el acusado la calificó como una relación «muy escasa», la estrictamente protocolaria y propia de un director de área con su superior institucional. «Lo veía en las presentaciones de la ópera especialmente o cuando había algún acontecimiento en el que institucionalmente tuviera yo que asistir», zanjó.

El juicio enfila ahora su recta final, dejando sobre el tablero político y judicial una batalla de relatos irreconciliable. Por un lado, las acusaciones que ven en los hechos de 2016 una trama de favores cruzados en el peor momento del socialismo español; por el otro, una defensa que se atrinchera en la legalidad administrativa y en el azar de un proceso de selección limpio. España, una vez más, contiene la respiración ante un veredicto que marcará un antes y un después en la crónica judicial del país.