En el complejo tablero de la política contemporánea, pocas cosas resultan tan inquietantes para la estabilidad de una nación como la percepción de que el timón del Estado ha caído en manos de la incompetencia manifiesta. México atraviesa hoy un momento histórico donde el debate ya no gira únicamente en torno a las ideologías o los proyectos de nación, sino que se ha desplazado hacia un terreno mucho más pantanoso y alarmante: el de la aptitud intelectual de sus gobernantes. El concepto de la “Cuarta Transformación” (4T) ha prometido desde sus cimientos un cambio radical en la estructura del país, pero lo que muchos observadores y expertos comienzan a señalar es que ese cambio ha venido acompañado de una preocupante degradación del perfil profesional en las instituciones clave.
La reciente controversia que rodea a figuras centrales del sistema judicial y ejecutivo, como Lenia Batres y María Estela Ríos, no es un incidente aislado, sino que parece ser el síntoma visible de una enfermedad sistémica. Lo que el analista Marco Levario Turcott denomina “el gobierno de la estupidez” es, en realidad, un fenómeno sociopolítico que merece una disección profunda. No se trata de un insulto gratuito, sino de una categoría de análisis sobre cómo la lealtad política ha desplazado al conocimiento técnico, y cómo la demagogia ha sustituido a la razón en el ejercicio del poder.
Para entender la magnitud de este problema, es necesario remontarse a la esencia de lo que debe ser una democracia funcional. Una república se sostiene sobre el equilibrio de poderes, y ese equilibrio requiere que cada pieza del engranaje posea la formación necesaria para interpretar y aplicar la ley con precisión. Cuando esa precisión se pierde y es reemplazada por la confusión, el sistema entero entra en una fase de entropía. El caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es, quizás, el ejemplo más doloroso de esta transición. Lo que otrora fue un recinto de solemnidad y erudición jurídica, se ha visto salpicado por episodios que bordean lo absurdo.
El análisis de las intervenciones de María Estela Ríos y Lenia Batres revela un patrón de comportamiento que desafía la lógica judicial. En las grabaciones de las sesiones, se observa con una claridad meridiana cómo la terminología legal más básica parece convertirse en un obstáculo insalvable. Votar a favor de la invalidez de un precepto mientras se afirma estar “en contra de todo” no es solo una contradicción semántica; es una prueba de que no se comprende el proceso deliberativo en el que se participa. Esta desconexión entre la voluntad política y el procedimiento legal es lo que genera esa sensación de “vivienda del Chavo” en la máxima tribuna judicial del país. Sin embargo, a diferencia de la famosa serie televisiva, aquí no hay guiones cómicos ni risas grabadas; lo que hay son resoluciones que afectan la vida de millones de personas.
La soberbia suele ser el escudo preferido de la ignorancia. Cuando un funcionario público carece de los argumentos técnicos para sostener su posición, recurre invariablemente al autoritarismo o al desdén hacia la opinión ajena. Esta “sordera institucional” es particularmente peligrosa en una sociedad tan diversa y plural como la mexicana. Al intentar imponer un pensamiento único basado en la lealtad ciega a una figura central, se anula la riqueza del debate democrático y se camina peligrosamente hacia un modelo de gestión donde la verdad se dicta, no se descubre a través de la evidencia y el razonamiento.
Pero, ¿cómo hemos llegado a este punto? La respuesta reside en una base social que, cansada de los abusos de las élites anteriores, ha abrazado un discurso que exalta lo popular sobre lo experto, a menudo confundiendo la sencillez con la falta de preparación. Existe un sector de la población que encuentra en la ineptitud de sus líderes un reflejo de sus propias frustraciones y expectativas, lo cual es aprovechado por el discurso oficial para victimizarse y señalar cualquier crítica como un ataque de “clase” o de “conservadurismo”. Esta complicidad social es el combustible que permite que personajes sin la formación adecuada ocupen cargos de vital importancia.
El impacto emocional de ver a una ministra o a una consejera jurídica perdida en un mar de tecnicismos que debería dominar a la perfección es devastador para la confianza pública. La risa, que en ocasiones surge de manera espontánea ante tales pifias, se transforma rápidamente en una mueca de tragedia cuando se analiza el trasfondo. No estamos ante un sketch humorístico; estamos ante la realidad cotidiana de un gobierno que parece despreciar la inteligencia y el rigor. La consigna de “estar en contra de todo” que se desprende de algunas intervenciones es la antítesis del servicio público, que debería basarse en la construcción de soluciones y no en la obstrucción sistemática por motivos ideológicos.
La figura de Lenia Batres es emblemática en este sentido. Su llegada a la Corte fue vista por muchos como el desembarco de la militancia pura en el templo del derecho. Su estilo, a menudo confrontativo y alejado de las formas tradicionales de la judicatura, ha generado un cisma en la percepción pública de la SCJN. Si bien es cierto que las instituciones necesitan renovarse, la pregunta es si esa renovación debe implicar necesariamente un descenso en la calidad del debate. La crítica de Turcott apunta precisamente a esto: la ineptitud no es una forma de rebeldía, es simplemente una carencia que incapacita para el buen gobierno.
Por otro lado, María Estela Ríos representa el brazo ejecutor de una visión jurídica que parece subordinada al deseo presidencial. Sus confusiones en las sesiones de la Corte, donde se le ve dubitativa sobre el sentido de su propio voto o el alcance de los proyectos de resolución, envían un mensaje de extrema debilidad institucional. La seguridad jurídica de un país depende de que las reglas del juego sean claras y de que quienes las interpretan lo hagan con absoluta solvencia. Cuando la duda y el error se convierten en la norma, la inversión, la paz social y el estado de derecho se ven seriamente comprometidos.
Es imperativo reflexionar sobre el papel de la educación y el mérito en la vida pública. La 4T ha intentado desmantelar la idea de la “tecnocracia” como algo intrínsecamente corrupto, pero en el proceso parece haber arrojado al niño junto con el agua sucia. La preparación técnica no es un lujo elitista, es una necesidad funcional. Gobernar un país de más de 120 millones de habitantes requiere algo más que buenas intenciones o frases hechas; requiere una capacidad analítica que hoy parece brillar por su ausencia en los niveles más altos del organigrama estatal.
La demagogia, esa vieja compañera de los regímenes populistas, se alimenta de la simplificación excesiva. Al presentar problemas complejos como batallas morales entre “buenos” y “malos”, se obvia la necesidad de soluciones técnicas. Esto permite que personas sin las credenciales necesarias asciendan rápidamente, siempre y cuando dominen el arte de la retórica oficial. Sin embargo, la realidad es terca y suele imponerse sobre los discursos. Una investigación mal integrada, una resolución judicial mal fundamentada o una política pública mal diseñada terminan pasando factura tarde o temprano. Los casos de negligencia que terminan en tragedias humanas son el recordatorio más amargo de que la ineptitud cuesta vidas.
La soberbia institucional también se manifiesta en la incapacidad de reconocer errores. En lugar de enmendar el camino ante la evidencia de un fallo, la administración actual tiende a redoblar la apuesta y a proteger a los funcionarios cuestionados. Esto crea un ecosistema de impunidad técnica donde no hay consecuencias por la falta de resultados o por la comisión de errores básicos. La crítica periodística, como la ejercida por Revista Etcétera, cumple una función vital al poner el espejo frente al poder y mostrar las grietas que el discurso oficial intenta ocultar.
En conclusión, México se encuentra en una encrucijada donde debe decidir si quiere ser gobernado por la razón o por la ocurrencia. El ascenso de figuras que personifican la falta de preparación en las instituciones más sagradas de la nación es una señal de alerta que no puede ser ignorada. El respeto por el conocimiento, la valoración del mérito y el rigor en el servicio público no son conceptos anticuados, sino los pilares de cualquier sociedad que aspire al progreso real. La “estultocracia” puede ser funcional para ganar elecciones a través del carisma y la identidad, pero es absolutamente incapaz de construir un Estado sólido y justo. Es momento de que la ciudadanía exija excelencia a quienes tienen el privilegio de dirigir el destino del país, antes de que la ineptitud termine por socavar definitivamente los cimientos de la República. La historia nos enseña que el amor y el dinero no se pueden ocultar, pero la falta de inteligencia en el poder es, sin duda, la más evidente y peligrosa de las carencias.
