El jefe de servicio de la Diputación de Badajoz negó haber firmado un informe exculpatorio que constaba en el sumario con el logotipo y su propia rúbrica digital. Una exaspirante desvela que conoció el nombre del adjudicatario días antes de las entrevistas.
BADAJOZ
El horizonte procesal de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, se ha complicado de manera sensible tras las últimas sesiones de la vista oral que se celebra en la Audiencia Provincial de Badajoz.
Lo que se inició como una fiscalización administrativa sobre la presunta creación ad hoc de un puesto de alta dirección en la corporación provincial ha derivado en un escenario sumamente adverso para las defensas, cercadas ahora por la aparición de supuestas maniobras de obstrucción, la alteración documental y el testimonio incriminatorio de antiguos aspirantes al proceso selectivo.
La jornada judicial registró su momento de mayor tensión institucional durante el interrogatorio de José María Sánchez, actual jefe de servicio de bibliotecas de la Diputación de Badajoz y significada figura vinculada a la organización socialista extremeña.
A preguntas formuladas por la representación jurídica de la acusación popular, el compareciente incurrió en una contradicción de extrema gravedad que llevó a los letrados a solicitar de inmediato la deducción de testimonio por la comisión de un presunto delito de falso testimonio y falsedad documental.
El testigo acudía a la sala para ratificar la pulcritud formal de las contrataciones desarrolladas en la institución provincial durante el periodo investigado.
Sin embargo, al ser interrogado de forma directa sobre si había elaborado o firmado algún informe técnico específico para ser aportado a la fase de instrucción que dirigía la magistrada Beatriz Biedma, el declarante respondió de manera tajante: «Yo creo que no».
La respuesta provocó la inmediata reacción de la acusación popular, que exhibió ante el tribunal un escrito exculpatorio incorporado formalmente a la causa.
Dicho documento, redactado en papel oficial con el membrete de la Diputación de Badajoz, contaba con la firma digital verificada del propio José María Sánchez.
La negativa del funcionario a reconocer la autoría de un documento que portaba sus credenciales electrónicas formales abre la sospecha de una utilización irregular de los soportes informáticos institucionales para confeccionar pruebas documentales a medida de las necesidades procesales de la defensa.
Petición expresa ante el tribunal
«Se nos ha presentado aquí un escrito que ha sido negado por el testigo hace unos minutos.
Solicito respetuosamente que la sala valore la aportación en un procedimiento judicial de un papel que no está elaborado reglamentariamente por la Diputación, pero sí firmado con sus soportes, y la posibilidad de deducir testimonio por un delito de falso testimonio», argumentó el letrado de la acusación ante la visible contrariedad del tribunal.
Al margen de las incidencias documentales, el núcleo de la acusación de prevaricación recibió un espaldarazo técnico tras la comparecencia de una de las candidatas que compitió en el año 2017 contra el hermano del jefe del Ejecutivo por la citada plaza.
La testigo relató bajo juramento que días antes de celebrarse las entrevistas obligatorias recibió un mensaje a través de la aplicación WhatsApp donde se le advertía de que el proceso selectivo carecía de competitividad real porque el puesto estaba predeterminado para David Sánchez.
Según su declaración, la desmotivación provocó que inicialmente rehusara asistir a la convocatoria, recibiendo con posterioridad una llamada de insistencia por parte de la propia Diputación para asegurar su presencia con el fin de proyectar una falsa apariencia de concurrencia pública.
El relato guarda una estrecha correlación con los hallazgos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que constan en el sumario tras el volcado de los correos electrónicos institucionales, donde los investigadores localizaron hasta tres actas de evaluación diferentes y sucesivas con modificaciones sustanciales en las puntuaciones otorgadas al hermano del presidente del Gobierno.
Las acusaciones populares han aprovechado el desarrollo de estas testificales para vincular las irregularidades de la vista con las grabaciones que obran en poder del juzgado relativas a las actividades de antiguos responsables de la delegación local y de figuras del entorno orgánico como Leire Díez.
En dichos audios se pormenorizaban presuntas estrategias destinadas a buscar elementos de desgaste personal y familiar contra la jueza instructora original, Beatriz Biedma, con el objetivo de apartarla del procedimiento mediante recusaciones forzadas.
El cúmulo de evidencias, sumado a las sospechas de que hasta seis de los testigos propuestos por la defensa habrían experimentado notables ascensos laborales y mejoras retributivas en el seno de la administración provincial tras su imputación inicial, sitúa la estrategia defensiva en una posición de extrema vulnerabilidad.
La Audiencia de Badajoz deberá dirimir ahora no solo la legalidad del puesto del hermano del presidente, sino la limpieza de un proceso judicial que amenaza con saldarse con causas penales añadidas para los funcionarios implicados.
