PETRO FILTRA las PRUEBAS de FRAUDE CONTRA el REGISTRADOR y el PROCURADOR 

Colombianos nos quieren robar las elecciones y lo que está a punto de conocer en los próximos minutos podría cambiar por completo la manera en que usted entiende la democracia en este país. Porque lo que el presidente Gustavo Petro acaba de publicar en sus redes sociales hace apenas contadas horas no es una opinión, no es una especulación política ni un ataque retórico contra sus adversarios.

Son pruebas documentales, evidencias concretas y verificables de lo que sería el fraude electoral más elaborado y sistemático que se estaría fraguando en Colombia de cara a las elecciones legislativas de 2026. Un fraude que involucra directamente al registrador nacional Hernán Penagos, al procurador general Gregorio El Hachi y a una empresa privada que lleva más de una década manejando en las sombras el software con el que se cuentan los votos de más de 40 millones de colombianos y que se niega rotundamente a entregar el

código fuente de ese programa para que expertos independientes puedan. Verificar que no contiene instrucciones ocultas diseñadas para alterar los resultados electorales. Y necesitamos toda su ayuda en la difusión de esta información porque lo que van a escuchar a continuación no lo van a encontrar en los noticieros tradicionales, no lo van a ver en los grandes medios de comunicación que ya sabemos a qué intereses económicos responden.

Y si nosotros como ciudadanos no asumimos la responsabilidad de hacer viral estas pruebas y defender cada voto en las urnas, lo que ocurrió en 2014 y lo que se repitió en 2022 volverá a suceder con consecuencias devastadoras para el futuro democrático de toda la nación. El presidente Gustavo Petro publicó textualmente lo siguiente y presten mucha atención porque cada palabra tiene un peso específico que vamos a desmenuzar juntos.

Aquí muestro las pruebas de la persistencia del fraude electoral en Colombia. No dijo sospechas, no dijo indicios, no dijo rumores, dijo pruebas. Y lo que viene a continuación justifica plenamente el uso de esa palabra, porque lo que el mandatario colombiano reveló es un entramado de corrupción electoral tan meticulosamente construido que resulta escalofriante pensar cuántas elecciones en la historia reciente del país han sido decididas no por la voluntad popular, sino por algoritmos manipulados en un software que nadie tiene permitido auditar.

La primera prueba que presenta el presidente es demoledora y se refiere al desacato flagrante de una sentencia judicial que debería haber transformado para siempre el sistema electoral colombiano, pero que fue deliberadamente ignorada por quienes se benefician del fraude. Hablamos de la sentencia de nulidad de las elecciones de Senado de 2014 emitida por el Consejo de Estado en Sala Plena, el máximo tribunal de lo contencioso administrativo en Colombia, que no solo declaró probado el fraude electoral en aquellos comicios, sino que

ordenó expresamente que el software utilizado para el conteo de votos debía ser desarrollado por el Estado y desde el Estado, no por una empresa privada que opera bajo cláusulas de confidencialidad que impiden cualquier tipo de verificación independiente. Y díganme ustedes en los comentarios si esto no les parece absolutamente perturbador, porque esa sentencia fue emitida hace años y hasta el día de hoy no se ha cumplido.

El software sigue en manos privadas. La misma empresa que estaba involucrada en el fraude demostrado judicialmente en 2014 sigue siendo la encargada de procesar los votos de los colombianos y las autoridades que deberían garantizar el cumplimiento de ese fallo judicial simplemente miran hacia otro lado como si nada hubiera. Pasado.

Esa empresa se llama S, una filial de Thomas Gregan Sons y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente aterradora, porque estamos hablando de la misma compañía que fue contratada para manejar el preconteo electoral en 2014, el año del fraude probado por el Consejo de Estado. La misma empresa que inexplicablemente volvió a ser contratada para las elecciones de 2022, donde también se documentaron irregularidades gravísimas que analizaremos en detalle más adelante y la misma empresa que nuevamente ha sido

seleccionada para manejar el software de las elecciones de 2026. Es decir, el fallo del máximo tribunal fue desacatado de manera flagrante. Se incumplió la orden de desarrollar un software estatal y en su lugar se renovaron los contratos con la misma empresa privada vinculada al fraude original, estableciendo un patrón de impunidad que permite que el mismo mecanismo tramposo se utilice una y otra vez para alterar la voluntad popular expresada en las urnas.

Y antes de continuar con las demás pruebas que presenta el presidente Petro, necesitamos entender algo fundamental que muchos colombianos desconocen y que es la clave de todo este escándalo, que es exactamente el código fuente de un software y porque su entrega y auditoría es absolutamente indispensable para garantizar elecciones limpias.

El código fuente es el conjunto de instrucciones escritas por los programadores que determinan exactamente qué hace un programa, cómo lo hace y bajo qué condiciones lo hace. Para que se hagan una idea clara, piensen en la receta de un plato de cocina. Si usted ve el plato terminado, puede apreciarlo por fuera, pero no sabe qué ingredientes tienen y en qué proporciones fueron mezclados.

Solo leyendo la receta completa puede verificar que no contiene ingredientes que no deberían estar ahí. O piensen en los planos de un edificio. Usted puede ver la fachada y pensar que todo está bien, pero solo revisando los planos estructurales puede un ingeniero determinar si los cimientos son sólidos o si hay deficiencias ocultas que podrían provocar un derrumbe.

Exactamente lo mismo ocurre con el software electoral. Sin acceso al código fuente completo es literalmente imposible verificar si el programa está sumando los votos correctamente, si está procesando los datos de manera transparente o si contiene instrucciones ocultas diseñadas para alterar resultados, redistribuir votos entre candidatos o generar inconsistencias que beneficien a determinadas fuerzas políticas.

Y aquí viene lo que debería quitarle el sueño a cualquier ciudadano que crea en la democracia, porque en el caso del software de escrutinio electoral, el programa recibe los datos de todas las mesas de votación del país, los organiza por municipios, por departamentos, hace los cálculos matemáticos de distribución de curules y consolida los resultados que finalmente determinan quién gana y quién pierde las elecciones.

Si ese código fuente no se entrega a auditores independientes y se somete a una revisión exhaustiva por parte de expertos en programación que representen a todos los partidos políticos y a la ciudadanía en general, lo único que queda es confiar ciegamente en que el sistema funciona bien. Y en Colombia, por confiar ciegamente en que el sistema funciona bien, nos ha ido históricamente muy mal.

Tan mal que vale la pena recordar que en 1970 el fraude electoral comprobado en las elecciones presidenciales donde le robaron el triunfo a Gustavo Rojas Pinilla, provocó tal indignación popular que fue uno de los detonantes directos para la conformación del movimiento 19 de abril, el M19, una guerrilla urbana que nació precisamente como respuesta a un sistema electoral corrupto que negaba la voluntad del pueblo.

Y aquí es donde la posición del procurador Gregorio el HC se vuelve no solo cuestionable, sino francamente sospechosa, porque el procurador salió públicamente a declarar que no existe ninguna evidencia que permita concluir que haya irregularidades en lo que viene haciendo el registrador, ni que vaya a existir fraude electoral en las próximas elecciones.

Señor el Hatch, con todo respeto, le están presentando las pruebas en la cara y usted decide ignorarlas. Y el presidente Petro le respondió con una contundencia que no deja espacio para ambigüedades. Le preguntaría al procurador el Hatch, con derecho de petición incluido, si le han entregado el código fuente del software de Thomas Greg and Sons para que le haga una auditoría con expertos.

Si no lo ha hecho, no debería pronunciarse. Y tiene toda la razón porque, como puede el procurador de la nación, el máximo representante del Ministerio Público, cuya función constitucional es vigilar el cumplimiento de la ley y proteger los derechos de los ciudadanos, salir a dar garantías sobre un proceso electoral cuyo software nunca ha sido auditado por nadie independiente.

Es como si un inspector de alimentos certificara que un restaurante cumple con todas las normas sanitarias sin haber entrado jamás a la cocina. La pregunta que debemos hacernos todos es demoledoramente simple. Si no hay nada que ocultar, si el software funciona correctamente y no contiene instrucciones manipuladas, ¿por qué se niegan con tanta vemencia entregar el código fuente para una auditoría independiente? ¿Por qué tanto miedo a la transparencia si supuestamente todo está en orden? Y aquí viene una triquiñuela

que intentó pasar la prensa tradicional y que el presidente Petro desmontó inmediatamente porque después de la presión pública, algunos medios salieron a anunciar que se realizaría una exposición del código fuente del software para las elecciones de 2026, presentándolo como si fuera un avance significativo hacia la transparencia.

Pero Petro fue categórico al señalar la diferencia abismal entre exponer y entregar el código fuente. No es lo mismo, dice el presidente, entregar el código fuente que exponer el código fuente. Y tiene toda la razón del mundo porque exponer fragmentos parciales. Mostrar capturas de pantalla inauditables o hacer presentaciones controladas donde nadie puede realizar un análisis profundo equivale a mostrarle a un mecánico la fotografía de un motor y pedirle que diagnostique si tiene fallas.

El código fuente, explica Petro, no se expone, se entrega completamente a auditores independientes de los candidatos, de los partidos políticos y debedores ciudadanos. Es el código fuente del software del cómputo de mesa, puesto de votación, municipio y departamento. Mostrar parciales o fotos inauditables no sirve absolutamente para nada.

Suscríbete si te gusta el video y quieres seguir al tanto de las investigaciones más impactantes sobre el fraude electoral que se está fraguando en Colombia y que afecta directamente el futuro democrático de toda la región. Porque lo que viene a continuación es la prueba más estremecedora de todas y demuestra que esto no es teoría conspirativa, sino una realidad documentada con testigos presenciales que se atrevieron a hablar.

La tercera prueba que presenta el presidente Petro involucra el testimonio directo de una persona que fue contratada para trabajar en las elecciones de 2022 y que reveló públicamente cómo operaba el sistema de fraude desde adentro. Y lo que esta testigo describe es tan metódico, tan organizado y tan descarado que resulta difícil de creer que algo así pueda ocurrir en pleno siglo XXI en un país que se proclama democrático.

Según este testimonio que fue compartido ante medios de comunicación, la empresa AC en la ciudad de Pereira utilizó un espacio físico donde reunió a cerca de 600 personas contratadas específicamente para llenar formularios electorales con casillas en blanco. 600 personas piensen en la magnitud operativa de esa cifra, trabajando coordinadamente en un solo punto del país para manipular los registros de votación.

La mecánica era la siguiente y presten mucha atención porque entender cómo funciona este engranaje es fundamental para poder combatirlo. Los datos que estas 600 personas debían plasmar en los formularios no provenían del conteo real de votos en las mesas, sino que eran transmitidos mediante llamadas telefónicas realizadas por personas ubicadas incluso en departamentos diferentes a Risaralda, donde se encontraba la testigo.

Es decir, alguien desde otro lugar del país llamaba, dictaba cifras por teléfono y los contratistas las transcribían en formularios oficiales que luego se convertían en la base del preconteo electoral. Y la instrucción específica que recibían estos contratistas era que las casillas que sobraran después de registrar los datos dictados por teléfono simplemente se dejaran en blanco.

En blanco, sin una X, sin un asterisco, sin un guion, completamente vacías. Y aquí es donde todo se conecta de manera escalofriante con lo que está ocurriendo ahora mismo de cara a las elecciones de 2026, porque el registrador Hernán Penagos ha emitido exactamente la misma instrucción a los jurados de votación para los próximos comicios que dejen las casillas en blanco.

La misma directriz que facilitó el fraude documentado en 2022 está repitiendo palabra por palabra en 2026 como si estuvieran siguiendo el mismo manual operativo, porque efectivamente es el mismo manual operativo. Y ya sabemos lo que ocurrió con esos formularios. 14 que se dejaron con casillas en blanco en elecciones anteriores.

Esos espacios vacíos fueron llenados posteriormente con cifras que no correspondían a los votos reales, alterando los resultados para quitarle votos al pacto histórico y sumarlos a candidatos de otras fuerzas políticas. El presidente Petro lo documenta con precisión milimétrica en su cuarta prueba, que es quizás la más contundente de todas.

Tengo en mi poder, dice el mandatario, el fraude que intentaron hacer contra el pacto histórico en la Registraduría de Vega en 2022 a través del preconteo se variaron los datos de 4200 mesas con iteraciones en los algoritmos en la fase de preconteo. Por eso, en el simulacro anunciaron unos datos extraños con un Hernández ganándome.

En 4200 mesas quitaron 400,000 votos al Pacto Histórico y a mí como candidato a través de iteraciones. 400,000 votos. Déjenme repetir esa cifra para que dimensionen lo que significa. 400,000 votos que fueron sustraídos del conteo real de un candidato presidencial mediante manipulaciones algorítmicas en el software de preconteo.

Eso no es una irregularidad menor, eso no es un error administrativo, eso es un asalto directo contra la democracia colombiana ejecutado con herramientas tecnológicas sofisticadas que operan en la opacidad de un código fuente que nadie tiene permitido revisar. Y el presidente agrega algo que eleva aún más la gravedad del asunto.

Solo porque contamos con los instrumentos de testigos electorales adecuados, se corrigió el preconteo y se evitó el fraude que iban en camino. Tengo mesa por mesa los datos de las iteraciones que quiero entregar a la autoridad competente. Mesa por mesa. El presidente de la República tiene documentado con el detalle de cada mesa de votación cómo se alteraron los algoritmos para robar votos y lo está poniendo a disposición de las autoridades judiciales para que actúen.

La pregunta que surge inevitablemente si las autoridades tendrán la voluntad política de investigar estas pruebas o si simplemente las archivarán como han archivado tantas otras denuncias de fraude electoral a lo largo de la historia colombiana. Y aquí entre nos esto es algo que me gustaría que debatieran en los comentarios, porque piensen en lo que significa que una empresa privada con cláusulas de confidencialidad sea la que maneja el software que determina quién gobierna Colombia.

El preconteo electoral, que es el primer resultado que conoce el país la noche de las elecciones y que en la práctica determina quién gana y quién pierde porque los medios de comunicación lo presentan como resultado definitivo, está en manos de ACD, filial de Thomas Gregand Sons y para poder modificar los datos del preconteo una vez publicado, se requiere la impugnación formal de cada mesa alterada para que un juez ordene abrirla y volver a contar los votos físicos.

un proceso engorroso, lento y costoso que en la mayoría de los casos no se completa antes de que los resultados ya hayan sido aceptados por la opinión pública como definitivos. Es un sistema diseñado para que el fraude sea prácticamente irreversible una vez ejecutado. Y Petro lo dimensiona con cifras que asustan. El software de preconteo es de ASD y es el estructurante a través de los formularios que llenan casi 80,000 contratistas con cláusulas de confidencialidad que organizan en 75,000 m² distribuidos en todo el país.

80,000 personas con cláusulas de confidencialidad operando un software privado cuyo código fuente nadie puede auditar. Eso no es un sistema electoral transparente, eso es una caja negra donde la democracia colombiana deposita su confianza ciega y espera que salgan resultados honestos. Y ahora viene algo fundamental que todo colombiano necesita saber y que puede marcar la diferencia entre que nos roben las elecciones de 2026 o que logremos defenderlas y es la importancia de inscribirse como testigos electorales.

El presidente Petro lo dejó claro. Dadas estas circunstancias de desacato al fallo del Consejo de Estado, solo se enfrentará este posible fraude con 60,000 testigos electorales bien preparados presentados por los partidos políticos. El plazo máximo para inscribirse como testigo electoral vence el primero de marzo y necesitamos que miles de ciudadanos comprometidos con la democracia se registren en la plataforma habilitada para este propósito.

Cada testigo electoral es un par de ojos vigilantes en una mesa de votación. Un ciudadano que puede verificar que los votos se cuenten correctamente, que los formularios 14 se llenen de manera transparente y que ningún dato se ha alterado antes de ser transmitido al sistema de preconteo. Sin testigos electorales suficientes, las mesas quedan desprotegidas y el fraude puede operar sin resistencia alguna.

Y aquí hay información crucial para los jurados de votación que necesitan escuchar esto con toda claridad porque se les está intentando meter miedo con argumentos que no tienen ningún sustento legal. No existe ninguna norma en la legislación colombiana que prohíba a los jurados de votación colocar una X o un asterisco en las casillas en blanco del formulario. 14. Ninguna.

No existe ley, decreto, resolución ni circular que establezca una sanción por hacerlo. Lo que sí dice la ley es que dejar las casillas en blanco, si ninguna marca facilita que posteriormente se adulteren esos formularios agregando votos que nunca existieron y eso sí constituye fraude electoral con consecuencias penales para quienes lo ejecuten.

Los jurados de votación son servidores públicos transitorios que tienen un grado de discrecionalidad significativo en la manera como organizan el conteo y plasman los resultados en los formularios. Si los jurados de una mesa deciden por mayoría que van a colocar una X en cada casilla donde un candidato obtuvo cero votos para evitar que esa casilla sea llenada fraudulentamente después, están en todo su derecho de hacerlo y no existe facultad de la Procuraduría ni de ningún otro órgano para sancionarlos por esa decisión. El propio registrador

cuando fue cuestionado sobre este tema solo pudo decir que la consecuencia de poner x o asterisco sería que el conteo de voto se demorara más. Y déjenme decirles algo con toda franqueza, yo personalmente prefiero que el conteo de voto se demore el tiempo que sea necesario a que nos roben las elecciones en 15 minutos. Así de simple.

El registrador no mencionó sanción alguna porque no la hay y el procurador puede intentar meter miedo todo lo que quiera, pero no tiene ninguna norma legal que respalde sus amenazas vacías. Además, vale la pena recordar que en elecciones anteriores la instrucción que se daba en las capacitaciones a jurados de votación era precisamente la contraria.

Se le recomendaba colocar asteriscos o una X en las casillas donde no hubiera votos para garantizar la integridad del formulario. Que ahora vengan a cambiar esa instrucción justo cuando se han documentado fraudes masivos vinculados a casillas dejadas en blanco. Es una coincidencia que no debería pasarle desapercibida a nadie. También se activó la línea oficial 157 disponible los 365 días del año y las 24 horas del día, junto con el correo electró[email protected].

consejo, una línea específicamente habilitada para denunciar delitos electorales, violencias, amenazas y costreñimiento al votante, compra de votos y corrupción electoral, fraude, suplantación y voto ilegal. Y esta línea ya demostró su efectividad cuando se hizo viral el caso del carrotanque de agua, que llevaba el logo del partido Cambio Radical y que condicionaba la entrega de agua potable a comunidades en el norte del país a que sus habitantes se comprometieran a votar por determinado candidato.

Si no votaban por quién les decían, no les daban agua. en pleno siglo XXI, condicionando el acceso al agua potable a cambio de votos. La dimensión de lo que está en juego es colosal y va mucho más allá de una elección particular o de un partido político específico. Lo que se está decidiendo en este momento es si Colombia va a seguir siendo un país donde las elecciones se ganan en las urnas o donde se roban en los servidores de una empresa privada que nadie puede auditar.

La historia electoral colombiana es un catálogo de fraudes documentados que han alterado el rumbo del país durante décadas. Desde el fraude contra Rojas Pinilla en 1970, que engendró una guerrilla pasando por las manipulaciones del Senado en 2014, que fueron probadas judicialmente, hasta los 400,000 votos que se intentaron robar al pacto histórico en 2022 y que solo fueron recuperados gracias a la presencia de testigos electorales vigilantes.

Lo que resulta particularmente grave de la situación actual es que el Consejo Nacional Electoral limita el número de testigos electorales que los partidos pueden designar, completando así un círculo de debilidad institucional que parece diseñado a propósito para facilitar el fraude. Un sistema electoral donde el software es privado e inauditable, donde las autoridades de control se niegan a exigir transparencia, donde el registrador instruye a los jurados para que dejen casillas en blanco y donde se limita la

capacidad de los partidos para vigilar sus propios votos. No es un sistema electoral vulnerable por accidente, es un sistema electoral vulnerable por diseño. Y la única manera de romper ese diseño es con participación masiva, con vigilancia ciudadana organizada, con testigos electorales en cada mesa y con una movilización digital que haga imposible que estos fraudes se ejecuten la oscuridad.

El pacto histórico logró recuperar 400,000 votos en 2022 gracias a sus mecanismos de vigilancia electoral y esos votos recuperados representaron aproximadamente cuatro curules en el Congreso. Cuatro curules que pueden significar la diferencia entre tener mayorías legislativas para aprobar reformas transformadoras o quedar en minoría frente a quienes quieren mantener el sistema corrupto que ha operado durante décadas.

Imagínense los votos que no se lograron recuperar, los que se perdieron definitivamente en ese agujero negro del preconteo manipulado. Eso nos puede costar no solo Curules, sino el futuro mismo de las transformaciones sociales que millones de colombianos votaron para ser realidad.

Díganme en los comentarios si alguno de ustedes ha sido jurado de votación y cuál fue su experiencia con los formularios. 14. si recibieron instrucciones de dejar casillas en blanco, o si por el contrario les recomendaron marcarlas con X o asteriscos, porque esos testimonios individuales son piezas fundamentales del rompecabezas que estamos armando colectivamente para documentar cómo opera este sistema de fraude desde adentro.

Y cuéntenme también si ya se inscribieron como testigos electorales o si piensan hacerlo antes de que venza el plazo el primero de marzo, porque cada persona que se registra es un soldado más en la defensa de la democracia colombiana y cada mesa sin testigo es una mesa donde el fraude puede operar sin resistencia. La respuesta del presidente Petro ante esta situación ha sido frontal y sin ambigüedades, poniendo sobre la mesa pruebas que ningún medio tradicional se ha atrevido a investigar con la profundidad que merecen, incluyendo el fallo completo del Consejo de Estado en

su parte resolutoria que ordena un software estatal para el escrutinio electoral y que ha sido desacatado sistemáticamente por las autoridades electorales durante años. Y mientras el presidente presenta pruebas documentales, testigos presenciales y datos mesa por mesa, el procurador el HAC se limita a decir que no hay evidencia de irregularidades, sin haber jamás solicitado siquiera el código fuente del software para analizarlo.

Es como si un fiscal declarara inocente a un sospechoso sin haber revisado una sola prueba del expediente y sin embargo espera que la ciudadanía acepte su veredicto con los ojos cerrados y la boca callada. Las implicaciones internacionales de este escándalo tampoco son menores. El presidente señaló específicamente que la Organización de Estados Americanos no tiene mandato de auditoría de software, lo que significa que la presencia de observadores internacionales de la OEA en las elecciones colombianas, que tradicionalmente se presenta como

garantía de transparencia, resulta insuficiente si esos observadores no tienen la capacidad ni la autorización para examinar el software que realmente determina los resultados. La auditoría del código fuente, tal como el propio Petro logró incluir en el nuevo código electoral que aprobó el Congreso, pero que lamentablemente fue tumbado por la justicia, debería ser realizada de manera completa por expertos independientes del Consejo Electoral, de los partidos políticos y de la aveduría ciudadana, tanto nacional

como extranjera. Que ese código electoral haya sido anulado es otra pieza del rompecabezas que revela como las estructuras de poder se protegen mutuamente para mantener un sistema que les permite controlar los resultados electorales desde las sombras. El panorama que emerge cuando se analizan todas estas pruebas en conjunto es el de una democracia secuestrada por intereses que operan en la intersección entre el poder político, las empresas contratistas del Estado y las autoridades de control que deberían vigilarlas, pero que en su lugar las

encubren. Thomas Greg Ansons a través de su filial AC controla el software. El registrador facilita las condiciones para el fraude instruyendo que se dejen casillas en blanco. El procurador desestima las denuncias sin investigarlas y el Consejo Electoral limita la capacidad de los partidos para vigilar sus propios votos.

Cada pieza cumple su función en un engranaje que solo puede funcionar si opera coordinadamente y el hecho de que este sistema haya sobrevivido a un fallo judicial del máximo tribunal contencioso administrativo demuestra que estamos ante algo mucho más profundo que casos aislados de corrupción. Estamos ante una estructura sistémica de fraude electoral institucionalizado y aquí viene una reflexión que me parece fundamental y que quiero dejar para el debate.

Si en igualdad de condiciones reales, con elecciones verdaderamente limpias y transparentes, donde cada voto cuenta exactamente lo que debe contar, la derecha colombiana pudiera ganarle a una gestión de gobierno que ha subido el salario mínimo, que ha entregado más de 700,000 hectáreas de tierra campesinos en la reforma agraria más grande de la historia del país, que ha incautado más de 3,000 toneladas de narcóticos.

que registra el desempleo más bajo del siglo y que ha mantenido la inflación controlada, entonces, ¿por qué necesitan recurrir al fraude para ganar? La respuesta es obvia y devastadora. Necesitan el fraude porque saben que en elecciones limpias no pueden competir contra resultados de gobierno tangibles que mejoran la vida de millones de colombianos.

Y por eso invierten millones en mantener un software opaco, en contratar 80,000 personas con cláusulas de confidencialidad, en presionar a registradores para que faciliten las condiciones del engaño y en amedentar a jurados de votación para que no protejan la integridad de los formularios. Lo que cada ciudadano colombiano debe entender en este momento es que defender la democracia no es responsabilidad exclusiva del presidente, del Congreso, ni de los partidos políticos.

Es responsabilidad de cada persona que cree que su voto debe valer lo mismo que el de cualquier otro ciudadano y que los resultados electorales deben reflejar fielmente la voluntad popular. Inscribirse como testigo electoral, compartir esta información con familiares y amigos, denunciar cualquier irregularidad a la línea 157 y sobre todo salir a votar masivamente el día de las elecciones son acciones concretas que cada uno de nosotros puede realizar y que colectivamente tienen el poder de blindar el proceso electoral contra la

manipulación. Porque hay una verdad aritmética que ningún algoritmo manipulado puede superar. Si la votación es tan masiva y tan contundente que la diferencia entre los resultados reales y los resultados fraudulentos se vuelve imposible de ocultar, el fraude pierde su eficacia. El presidente Petro también anunció durante el evento de presentación de los nuevos pasaportes colombianos que comenzarán su transición a partir del primero de abril de 2026.

estas pruebas documentales que hoy sacuden los cimientos de la institucionalidad electoral, demostrando que la agenda de gobierno no se detiene ante los ataques, pero que la defensa de la democracia es una prioridad que trasciende cualquier otro asunto administrativo. Los próximos días serán absolutamente cruciales para el desarrollo de esta denuncia.

Las pruebas presentadas por el presidente están sobre la mesa. Los datos de las 4200 mesas alteradas con las iteraciones algorítmicas están disponibles para ser entregados a la autoridad competente. El testimonio de la testigo presencial de 2022 he sido difundido públicamente y el fallo del Consejo de Estado que fue desacatado es un documento público que cualquier ciudadano puede consultar.

La pregunta ahora si la Fiscalía General de la Nación abrirá una investigación seria y rigurosa sobre estas evidencias, si el Consejo de Estado tomará medidas ante el desacato flagrante de su propia sentencia, si los jueces electorales ordenarán la entrega inmediata del código fuente de ACE para una auditoría independiente o si por el contrario, el sistema cerrará filas para proteger a los responsables y permitir que el mismo fraude se repita una vez más en 2026, como se repitió en 2022.

Después del fraude probado de 2014. Suscríbete si te gustó el vídeo y déjanos en los comentarios qué piensas sobre estas pruebas que el presidente Petro ha puesto sobre la mesa y que revelan la magnitud del fraude electoral que se está fraguando en Colombia. ¿Crees que la fiscalía investigará estas denuncias o simplemente las archivará como tantas otras? ¿Crees que la presión ciudadana será suficiente para obligar a Thomas Gregansons a entregar el código fuente completo del software electoral para una auditoría verdaderamente

independiente? ¿Ya te inscribiste como testigo electoral o piensas hacerlo antes del primero de marzo? Y sobre todo, reflexiona sobre cuántas elecciones más tendrán que ser manipuladas, cuántos votos más tendrán que ser robados y cuántas veces más tendrá que ser desacatada la justicia antes de que Colombia tenga un sistema electoral verdaderamente transparente donde el voto de cada ciudadano sea sagrado e inviolable.

Las pruebas están sobre la mesa. El presidente las ha publicado para que todo el mundo las vea. El procurador prefiere no mirarlas. El registrador facilita las condiciones para que el fraude se repita y la empresa privada que maneja el software se aferra a su código fuente como quien esconde un secreto que podría derrumbar todo el tinglado.

Ahora nos toca a nosotros como ciudadanos decidir si vamos a quedarnos de brazos cruzados esperando que otros defiendan nuestra democracia o si vamos a asumir la responsabilidad histórica de proteger cada voto, vigilar cada mesa y hacer que cada lección en este país refleje verdaderamente lo que el pueblo colombiano decidió en las urnas, sino lo que un algoritmo oculto en un servidor privado determinó en las sombras.

Compartan este video, inscríbanse como testigos electorales, denuncien cualquier irregularidad y sobre todo salgan a votar masivamente, porque la democracia no se defiende solo con palabras, sino con acciones concretas de cada ciudadano que se niega a permitir que le roben su derecho más sagrado, el derecho a elegir libremente quien los gobierna. M.