La agencia estadounidense Homeland Security Investigations entregó a la Policía Nacional las extracciones telefónicas del magnate Rodolfo Reyes Rojas que vinculan directamente al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero con el expolio de la petrolera venezolana PDVSA
El cerco judicial internacional sobre el expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, ha dado un vuelco irreversible gracias a la entrada en juego de las autoridades de los Estados Unidos.
La agencia Homeland Security Investigations (HSI) se encuentra cooperando activamente con la justicia española, aportando un conjunto de pruebas letales que hunden definitivamente la estrategia de defensa del exlíder socialista en el marco del denominado ‘caso Plus Ultra’.
El Departamento de Seguridad Nacional estadounidense ha entregado formalmente a la Policía Nacional civil la extracción telefónica completa del teléfono móvil del magnate Rodolfo Reyes Rojas, considerado una pieza clave dentro de todo el entramado de corrupción.
Esta letal colaboración institucional, confirmada de manera oficial en el auto emitido por el magistrado de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, introduce de lleno el plano judicial español dentro de una macroinvestigación de Washington centrada en el expolio masivo de la petrolera estatal venezolana PDVSA.
Los reportes emitidos por el corresponsal del diario ABC en Washington, David Alandete, han destapado que José Luis Rodríguez Zapatero ha quedado situado directamente en el epicentro de una gran red de corrupción venezolana que llevaba años bajo la estricta vigilancia de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos.
El eje central de este saqueo transatlántico se localiza en la aerolínea Plus Ultra, una compañía que fue rescatada de forma sumamente sospechosa con 53 millones de euros de dinero público procedentes de los fondos estatales de emergencia gestionados por el Gobierno de Pedro Sánchez.
Según los documentos oficiales manejados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, esta compañía aérea funcionaba presuntamente como una tapadera financiera conectada de manera directa con las operaciones de lavado de dinero de la dictadura chavista, lo que demuestra que los tentáculos de la corrupción cruzaban de forma sistemática el océano Atlántico.
La contundencia del auto judicial redactado por el magistrado Calama ha pulverizado por completo la imagen pública del expresidente socialista al describirlo de manera explícita como el presunto líder estratégico de una “estructura estable y jerarquizada” dedicada al tráfico de influencias y al blanqueo de capitales a nivel internacional.
Las interceptaciones telefónicas y los pinchazos de mensajería facilitados por las agencias americanas muestran el elevadísimo grado de confianza, cercanía y compadreo que los delincuentes internacionales mantenían con el político español, una circunstancia que complica severamente su futuro procesal.
Dentro del grueso de los mensajes secretos intercambiados entre los operadores financieros de la trama mientras coordinaban las gestiones directas para agilizar la inyección del millonario rescate por parte del Gobierno central, los implicados se referían al expresidente de forma abiertamente comprometedora, utilizando la expresión textual: “nuestro pana zapatero”.
Este lenguaje coloquial y cercano ha servido a los investigadores para certificar el nivel de interlocución y la influencia directa que el exmandatario ejercía supuestamente sobre el Consejo de Ministros de Pedro Sánchez para lograr la aprobación prioritaria de los fondos públicos destinados a la aerolínea.
Finalmente, las minuciosas investigaciones de la Audiencia Nacional han confirmado de manera documental la conexión directa del entorno de Zapatero con personajes criminales de la lista negra de Washington, entre los que destaca especialmente Alex Saab, el presunto testaferro de Nicolás Maduro que fue procesado en Miami por desviar masivamente fondos públicos.
La justicia española atribuye provisionalmente al expresidente y a su entorno familiar más íntimo el cobro de cerca de 2 millones de euros en concepto de comisiones ilegales, las cuales habrían sido burdamente simuladas a través de contratos de asesoramiento falsos, desviando incluso parte de este flujo de dinero hacia las cuentas de sus propias hijas empresarias.
Imputado formalmente por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y blanqueo de capitales, el sanchismo asiste con impotencia a la cuenta atrás hacia el histórico 2 de junio de 2026, fecha fijada para la declaración oficial de Zapatero ante los tribunales.
