Cuando parecía que el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD) ya había mostrado todas sus cartas, una nueva revelación amenaza con cambiar por completo la narrativa que durante meses dominó el debate político en Colombia. Lo que acaba de salir a la luz apunta a que buena parte de la estructura que hoy está bajo investigación habría comenzado a construirse mucho antes de la llegada de Gustavo Petro a la Casa de Nariño.

Documentos, contratos y testimonios revelados en las últimas semanas han puesto nuevamente bajo el reflector a funcionarios que ocuparon cargos clave durante el gobierno de Iván Duque. Y lo que más ha sorprendido a muchos observadores es la magnitud de las cifras involucradas. Se habla de contratos por cientos de miles de millones de pesos adjudicados en cuestión de semanas, justo cuando el cambio de gobierno era inminente.

En el centro de la polémica aparece el nombre de Eduardo José González, conocido como “El Mono”, quien dirigió la entidad durante la administración anterior. Según las revelaciones, entre julio y agosto de 2022 se firmaron cerca de treinta contratos que superaban los 500.000 millones de pesos. Lo llamativo es que varios de esos procesos habrían seguido patrones similares: múltiples invitados, un solo oferente real y adjudicaciones aceleradas que permitieron desembolsos anticipados millonarios.

Pero la controversia no termina ahí.

Diversos proyectos que fueron presentados como soluciones urgentes para comunidades vulnerables terminaron convertidos en símbolos del fracaso administrativo. Viviendas inconclusas, obras abandonadas, muros deteriorados y estructuras que jamás cumplieron su propósito forman parte del panorama denunciado por habitantes de distintas regiones del país.

Las cifras son aún más impactantes cuando se analizan en conjunto. Más de 420 contratos firmados en apenas año y medio habrían comprometido recursos cercanos a los 3,5 billones de pesos. De acuerdo con información divulgada recientemente, una parte significativa de esos proyectos presenta problemas de ejecución o simplemente nunca fue terminada.

Uno de los aspectos que más preguntas ha generado es la repetición constante de ciertos contratistas y consorcios. Nombres empresariales que aparecieron durante la administración anterior volvieron a surgir posteriormente en diferentes procesos. Para algunos analistas, esto podría evidenciar la existencia de redes de contratación que sobrevivieron al cambio de gobierno y continuaron operando bajo distintos esquemas.

Mientras tanto, la controversia política alcanzó un nuevo nivel cuando el tema derivó en otro choque entre dos de las figuras más influyentes de la historia reciente del país: Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos.

Lo que comenzó como una discusión sobre el pasado terminó convirtiéndose en una confrontación pública cargada de acusaciones, recuerdos y versiones completamente opuestas sobre hechos que marcaron el rumbo de Colombia.

Uribe insistió en que, tras el triunfo del “No” en el plebiscito de 2016, propuso un gran acuerdo nacional que no habría sido aceptado por Santos. Sin embargo, el expresidente respondió con contundencia asegurando que existen fotografías, grabaciones y documentos que demostrarían exactamente lo contrario.

Según Santos, fueron creadas mesas de trabajo que revisaron durante semanas los puntos del acuerdo de paz y que la mayoría de las propuestas presentadas por los sectores opositores terminaron siendo incorporadas al texto final. Incluso afirmó que de las 60 modificaciones planteadas, 58 fueron aceptadas.

Las declaraciones encendieron nuevamente el debate nacional.

Santos fue más allá y aseguró que durante años ha intentado reconstruir los puentes con Uribe sin éxito. Relató episodios en los que empresarios, dirigentes y personas cercanas habrían tratado de facilitar encuentros entre ambos expresidentes para buscar una reconciliación política, pero esos esfuerzos no prosperaron.

Las palabras del exmandatario provocaron una fuerte reacción en redes sociales, donde miles de usuarios retomaron viejas discusiones sobre el acuerdo de paz, la implementación de sus compromisos y la responsabilidad de los diferentes gobiernos en la crisis de seguridad que atraviesan varias regiones del país.

Sin embargo, para muchos observadores, lo verdaderamente explosivo no es la pelea entre Santos y Uribe, sino la posibilidad de que las investigaciones sobre la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo terminen revelando una estructura mucho más amplia de lo que inicialmente se pensaba.

La pregunta que ahora se hacen numerosos sectores es inevitable: ¿quiénes se beneficiaron realmente de esos contratos multimillonarios?

Mientras avanzan las investigaciones, continúan apareciendo detalles que alimentan la controversia. Contratistas repetidos, obras inconclusas, anticipos desembolsados y proyectos que jamás llegaron a materializarse forman parte de un rompecabezas que todavía está lejos de completarse.

Y aunque el debate político intenta señalar culpables desde distintos frentes, los ciudadanos observan con preocupación cómo miles de millones de pesos destinados a atender emergencias, proteger comunidades y mejorar la infraestructura pública terminaron envueltos en uno de los escándalos más delicados de los últimos años.

Ahora la atención está puesta en las decisiones que tomen los organismos de control y la justicia. Porque si las denuncias terminan confirmándose, Colombia podría estar frente a una de las mayores revelaciones sobre contratación pública de la última década.

Lo que comenzó como una investigación sobre irregularidades administrativas se está transformando en una historia que amenaza con sacudir a figuras políticas, empresarios y funcionarios de distintos gobiernos.

Y según quienes siguen de cerca este caso, lo más impactante podría no haberse conocido todavía.