Alemania en la encrucijada: la costosa deportación de Merz y el colapso de la confianza pública
BERLÍN — Con un presupuesto de 335 millones de euros, Alemania fletó un avión especial, movilizó decenas de agentes de policía, médicos, intérpretes y personal de apoyo para deportar a solo 25 delincuentes convictos hacia Afganistán. La operación, presentada por el gobierno del canciller Friedrich Merz como un triunfo de su “política migratoria dura”, ha terminado por simbolizar, para muchos críticos, todo lo contrario: la ineficacia, el alto costo y las contradicciones de un Ejecutivo que prometió orden pero que enfrenta una crisis de legitimidad histórica.
El vuelo no fue un operativo discreto. Incluyó protocolos médicos, garantías logísticas y, según fuentes gubernamentales, una asignación de fondos para ayudar a los deportados a reintegrarse en un país controlado por los talibanes. La factura, como es habitual en estas operaciones, recae íntegramente sobre el contribuyente alemán.
Este episodio llega en un momento particularmente delicado para Merz. Su aprobación personal se ha hundido hasta el 16%, el nivel más bajo registrado para un canciller en la historia de la República Federal de Alemania. Según encuestas recientes, el 86% de los alemanes se declara insatisfecho con el Gobierno.
El ascenso de la AfD y el declive de la CDU
Por primera vez en décadas, la Alternativa para Alemania (AfD), partido de extrema derecha, supera en las encuestas nacionales a la Unión Demócrata Cristiana (CDU) de Merz. Mientras la CDU/CSU ronda el 22-24%, la AfD alcanza el 27-29% en varios sondeos de mayo de 2026.
Este vuelco no es casual. Analistas políticos consultados coinciden en que la frustración acumulada por la inmigración irregular, la inseguridad percibida en las ciudades y la percepción de una élite desconectada ha erosionado el centro-derecha tradicional.
“Merz ganó las elecciones prometiendo un cambio de rumbo claro en migración y economía, pero lo que muchos ven es continuidad con costos más altos y resultados mediocres”, afirma un politólogo de la Universidad de Berlín que pidió no ser identificado por temor a represalias internas.
El alto precio de la “dureza”
La deportación a Afganistán ilustra las tensiones. Aunque el Gobierno insiste en que no reconoce diplomáticamente al régimen talibán, ha mantenido negociaciones técnicas con enviados de Kabul para facilitar repatriaciones. Operaciones anteriores ya enviaron a decenas de afganos condenados por delitos graves.
Críticos de izquierda y organizaciones de derechos humanos denuncian que estas acciones legitiman indirectamente a un régimen autoritario. Desde la derecha, en cambio, se quejan de que el proceso es demasiado costoso y lento: cientos de millones de euros para deportar a un puñado de personas.
“Es un teatro político”, resume un diputado de la oposición. “Gastan fortunas para mostrar firmeza mientras el país se desangra económicamente”.
Una economía que se apaga
El malestar migratorio se entrecruza con una crisis económica profunda. Alemania, el histórico motor de Europa, registra estancamiento industrial, pérdida de empleos y salida de grandes empresas. En 2025 y lo que va de 2026, el sector manufacturero ha destruido más de 120.000 puestos de trabajo. Gigantes como Volkswagen, Bosch y ThyssenKrupp han anunciado recortes masivos.
La desindustrialización se acelera por altos costos energéticos, competencia china y rigideces burocráticas. El crecimiento previsto para 2026 apenas alcanza el 0,6%, según pronósticos de la Comisión Europea, con riesgo de recesión técnica persistente.
Empresas medianas, columna vertebral de la economía alemana, se quejan de que Berlín prioriza gastos en migración y subsidios mientras la competitividad industrial se erosiona.
El malestar que crece en las calles
En ciudades como Berlín, Colonia o Leipzig, las encuestas locales revelan un cansancio profundo. Residentes de barrios obreros hablan abiertamente de “pérdida de control” en zonas donde la delincuencia asociada a ciertos grupos de inmigrantes ha aumentado. Aunque las autoridades insisten en que la mayoría de los migrantes contribuyen, los casos visibles de rechazo de deportaciones y reincidencia criminal alimentan el relato de la AfD.
Un taxista berlinés de 58 años, votante histórico de la CDU, resume el sentimiento: “No soy racista. Pero cuando veo que deportar a 25 criminales cuesta lo que cuesta mi pensión de varios años, algo falla gravemente”.
¿Crisis política sistémica?
Muchos observadores se preguntan si Alemania está entrando en la mayor crisis política desde la reunificación. El Gobierno de coalición entre CDU y SPD navega con dificultades. La satisfacción con la coalición es mínima y las elecciones estatales que se avecinan podrían agravar la fragmentación.
Merz, un conservador proempresas con larga trayectoria en finanzas, proyectaba imagen de pragmatismo. Sin embargo, su primer año y medio en el cargo ha estado marcado por promesas incumplidas en economía y una gestión migratoria que satisface a pocos.
El impacto europeo
El debilitamiento de Alemania tiene repercusiones continentales. Como mayor economía de la Unión Europea, su estancamiento frena el crecimiento regional. Países del Este y del Sur observan con preocupación cómo el “motor” europeo tose. Francia, ya con sus propios desafíos, ve cómo Berlín pierde capacidad de liderazgo.
Expertos advierten que un colapso prolongado de la confianza en las instituciones alemanas podría alimentar populismos en todo el bloque. “Si Alemania se tambalea, Europa pierde su ancla de estabilidad”, señala un diplomático europeo en Bruselas.
Divisiones internas
Dentro de la CDU hay voces críticas. Algunos sectores más liberales temen que la aproximación dura a la migración aleje al centro. Otros, más cercanos a posiciones de la AfD en temas de seguridad, presionan por medidas aún más estrictas.
La oposición de izquierda acusa al Gobierno de xenofobia encubierta. Los Verdes y Die Linke organizan protestas contra las deportaciones, argumentando riesgos humanitarios en Afganistán.
El dilema de Merz
Merz se encuentra atrapado entre dos fuegos. Para recuperar apoyo debe demostrar resultados tangibles en deportaciones y reactivación económica sin perder el apoyo moderado. Pero cada operación costosa como la de los 25 afganos genera titulares negativos y alimenta la narrativa de incompetencia.
Sus asesores defienden que estos costos son inevitables para restaurar el Estado de derecho. “La alternativa es seguir perdiendo credibilidad ante la ciudadanía”, argumentan.
Perspectivas inciertas
A corto plazo, el panorama no es halagüeño. La industria sigue contrayéndose, el desempleo sube lentamente y la polarización política se intensifica. Las próximas elecciones regionales serán un termómetro crucial.
Algunos analistas no descartan escenarios de inestabilidad gubernamental antes de 2029. Otros apuestan por una posible recomposición del centro-derecha si Merz logra victorias visibles en migración y economía.
El espejo europeo
Alemania ya no es el símbolo imperturbable de estabilidad que fue durante décadas. Hoy se asemeja más a un campo minado donde convergen crisis económica, cultural y política.
La pregunta que flota en think tanks de todo el continente es si el país logrará reinventarse o si su declive relativo arrastrará al resto de Europa. Mientras tanto, los contribuyentes alemanes siguen pagando facturas elevadas por políticas que, hasta ahora, no han logrado restaurar ni la confianza ni el dinamismo perdido.
El caso de los 335 millones de euros por 25 deportados quedará como un símbolo ambivalente: prueba de que el Gobierno actúa, pero también de cuánto cuesta esa acción en un país que enfrenta desafíos estructurales mucho más profundos.
