Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil enviado al juez Santiago Pedraz revela la presunta colaboración de Álvaro García Ortiz en una maniobra diseñada por la trama de Leire Díez para desacreditar a la jueza de Badajoz que investiga a David Sánchez
El panorama político y judicial de España acaba de saltar por los aires tras descubrirse la implicación directa de las más altas esferas institucionales en una oscura maniobra de persecución y chantaje sin precedentes.
Los secretos más turbios de la fontanería socialista han quedado completamente al descubierto, desatando un terremoto de indignación colectiva que amenaza con derribar los cimientos del Gobierno tras salir a la luz las pruebas definitivas de un plan maestro para blindar la impunidad familiar.
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha puesto patas arriba el tablero político al remitir un informe demoledor al magistrado Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional.
Las pruebas documentales sitúan al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el centro de una estrategia coordinada con la red presuntamente corrupta liderada por la conseguidora socialista Leire Díez, conocida en los diarios de investigación como Leire 10.
De acuerdo con las pesquisas policiales, García Ortiz habría actuado presuntamente como el brazo ejecutor para dar curso a una denuncia instrumentalizada cuyo único y exclusivo propósito era desestabilizar y apartar a Beatriz Biedma, la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz que mantiene imputado a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por presuntos delitos contra la Hacienda Pública, malversación y prevaricación.
La trama criminal, que operaba bajo la constante supervisión política de figuras clave de la organización partidista como Santos Cerdán, vio cómo sus planes iniciales chocaban de frente con la legalidad institucional.
Semanas antes de que estallara la crisis, la jefa de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado cumplió con su deber riguroso al rechazar y desestimar de plano la denuncia contra la magistrada extremeña, argumentando de forma tajante que el Ministerio Público carecía por completo de competencias para abrir una investigación interna a una jueza en el ejercicio de sus funciones.
Ante este severo portazo administrativo, la red liderada por Díez decidió puentear de forma descarada todos los cauces legales establecidos.
Justo en el instante en que se formalizó la imputación del hermano de Pedro Sánchez, la organización remitió la denuncia rechazada mediante un burofax urgente dirigido directamente al despacho personal de García Ortiz, quien en una velocidad relámpago de apenas cuarenta y ocho horas forzó de manera interna la tramitación de un expediente que sus propios subordinados técnicos ya habían catalogado como inviable y fuera de la ley.
Los detalles que arroja el vaciado de las agendas secretas de Leire Díez, incautadas originalmente en el marco de la investigación penal por el presunto amaño de contratos públicos dentro de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, son de una gravedad extrema.
En las libretas manuscritas intervenidas por los agentes del orden, los investigadores de la UCO descubrieron anotaciones explícitas bajo el revelador título de ‘Badajoz’.
En esas páginas se desglosaba con precisión milimétrica la hoja de ruta criminal a seguir: una estrategia basada en la interposición de querellas simultáneas tanto contra el investigado como contra la propia jueza instructora, especificando de puño y letra de la implicada que “el fiscal hace el escrito”.
Para la ejecución material de esta campaña de acoso y derribo en el terreno judicial, la trama recurrió a los servicios operativos de Luis José Sáenz de Tejada, un exmagistrado expulsado de la carrera judicial tras haber sido condenado en firme por delitos relacionados con violencia contra su mujer, sumando así un aliado oscuro para intentar torpedear el proceso penal de Badajoz a base de denuncias falsas y montajes procesales.
La publicación de estas maniobras de fontanería política ha desatado una oleada de reacciones e indignación en el ámbito de la comunicación y la judicatura.
Figuras del periodismo de investigación nacional, como Ana Pastor, han manifestado públicamente su repulsa ante la gravedad de unos hechos que evidencian el uso espurio de las instituciones del Estado para fines de protección partidista.
A pesar de que la maniobra de acoso contra la jueza Beatriz Biedma terminó finalmente archivada en los tribunales debido a su absoluta falsedad y carencia de fundamento jurídico, el coste institucional y el impacto político son ya completamente irreparables.
Toda la documentación e informes policiales que demuestran cómo Leire Díez modificaba, revisaba y coordinaba las denuncias en la sombra con terceros implicados han sido remitidos por la Fiscalía de Extremadura a la Audiencia Nacional, quedando el caso ahora bajo la estricta evaluación de la Fiscalía Anticorrupción para dirimir las severas responsabilidades penales que se derivan de este presunto concierto para delinquir y coaccionar a los miembros del poder judicial.
