El día que la memoria tocó a la puerta de una de las figuras más polarizantes de la historia reciente de Colombia, el silencio dejó de ser una opción. En un país donde las heridas del conflicto armado y la violencia estatal aún supuran a flor de piel, las calles se han convertido en el último lienzo de aquellos que se niegan a olvidar. Lo que comenzó como un acto pacífico de pedagogía social en las tranquilas y exclusivas vías de Llano Grande, en Rionegro, Antioquia, rápidamente escaló hasta convertirse en un episodio de altísima tensión política y emocional, protagonizado nada menos que por el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

 

La escena parecía sacada de una película sobre la polarización latinoamericana, pero era crudamente real: a tan solo 300 metros de la residencia de Uribe, un grupo de ciudadanos, colectivos sociales, defensores de derechos humanos y congresistas electos como Hernán Muriel, se congregaron con un propósito claro. No llevaban armas, no buscaban la confrontación física; llevaban brochas, pintura y, sobre todo, la pesada carga de una cifra que persigue la conciencia nacional: 7.837. Este es el número de nuevos casos de ejecuciones extrajudiciales, dolorosamente conocidos como “falsos positivos”, que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha arrojado tras sus rigurosos estudios.