Zarzuela opta por una respuesta estrictamente institucional al amparo de la Carta Magna, aunque el traslado directo del expediente al Ministerio de la Presidencia activa las lecturas políticas.
La asfixiante presión política y judicial que acorrala al Ejecutivo de Pedro Sánchez ha terminado por salpicar de forma directa a la Jefatura del Estado.
En un escenario de máxima tensión institucional, el sindicato Manos Limpias ha formalizado una iniciativa de alto calado político al registrar una petición ante la Casa del Rey.
El escrito, amparado en el derecho de petición que reconoce el artículo 29 de la Constitución Española, solicitaba de manera expresa la intervención de Felipe VI para que instara al presidente del Gobierno a disolver las Cámaras y convocar elecciones generales anticipadas como única salida democrática a la crisis que atraviesa el país.
La respuesta de la Casa del Rey no se ha hecho esperar, decantándose por una fórmula de estricta ortodoxia constitucional que, sin embargo, ha generado un profundo impacto en el tablero político por la singularidad de su tramitación interna.
Fiel a su papel de árbitro y moderador, y consciente de los límites que la Carta Magna impone a la Corona, Felipe VI ha declinado cualquier tipo de intervención unilateral.
Desde Zarzuela se ha recordado de forma nítida que el Monarca carece de potestades regias para forzar por iniciativa propia una convocatoria electoral, ya que todos sus actos oficiales están sometidos al principio de refrendo gubernamental contemplado en el ordenamiento jurídico.
No obstante, la gran novedad procedimental radica en el destino final del documento.
Lejos de archivar la solicitud de forma rutinaria —como ha ocurrido con iniciativas similares en el pasado—, la Jefatura del Estado ha tomado la determinación de remitir formalmente el expediente al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, dirigido por Félix Bolaños, al ser el departamento ministerial legalmente competente para evaluar y tramitar este tipo de demandas ciudadanas.
Este movimiento administrativo ha desatado de inmediato una intensa corriente de interpretaciones encontradas en los pasillos del Congreso y entre los analistas jurídicos.
Para un amplio sector de la oposición y de la sociedad civil, el hecho de que el Rey haya decidido trasladar personalmente la patata caliente a Bolaños constituye un sutil pero inequívoco mensaje político.
Quienes defienden esta tesis sostienen que Felipe VI, al no silenciar la petición y dar un cauce oficial a la carta de Manos Limpias, traslada de forma implícita al núcleo duro del Gobierno el hondo malestar ciudadano ante los sucesivos escándalos que debilitan la credibilidad del Estado.
Por el contrario, los sectores afines al bloque de la investidura insisten en que se trata de un trámite estrictamente burocrático, desprovisto de intencionalidad política, mediante el cual el Monarca se limita a sacudirse una presión externa que excede sus competencias constitucionales.
Más allá de la controversia inmediata, el episodio ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de abordar una reforma constitucional que dote a la Corona de mayores prerrogativas de arbitraje.
Diversos constitucionalistas señalan que la actual redacción de la norma fundamental deja al Jefe del Estado en una situación de preocupante vulnerabilidad y manos atadas cuando se producen crisis institucionales de gravedad extrema.
El debate, por tanto, se desplaza ahora hacia la conveniencia de blindar la figura del Rey como un auténtico contrapeso democrático, evitando que el bloque político gobernante pueda neutralizar el papel mediador de la Corona en los momentos más críticos de la historia contemporánea de España.
