¿Se acabó el juego? La alianza nacida en Budapest que podría reconfigurar toda la Unión Europea

Algo ocurrió en Budapest durante el fin de semana. Algo que ni la élite de Bruselas habría imaginado en sus peores pesadillas.

La reunión no figuraba en las agendas oficiales. No hubo ruedas de prensa previstas. Ni siquiera los corresponsales acreditados ante la Unión Europea recibieron convocatorias. Pero las filtraciones comenzaron a llegar casi inmediatamente después de que las puertas se cerraran.

Dentro de la mansión del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, se dieron cita líderes políticos de al menos siete países europeos, todos ellos pertenecientes al creciente espectro nacionalista y soberanista del continente.

Lo que discutieron, según tres fuentes con conocimiento directo de las conversaciones, fue nada menos que una hoja de ruta alternativa para Europa: un plan que sortea las instituciones comunitarias, desafía el estado de derecho bruselense y propone una redistribución del poder desde los estados nacionales hacia una nueva coalición no oficial.

“Ya no se trata de reformar la Unión desde dentro”, explicó un alto funcionario húngaro que participó en los encuentros y que habló bajo condición de anonimato. “Se trata de construir un motor paralelo. Si Bruselas no nos escucha, los estados nacionales recuperaremos nuestras competencias por la fuerza política”.

La noticia cayó como un baldazo de agua fría en los pasillos de la Comisión Europea. La presidenta, Ursula von der Leyen, convocó una reunión de emergencia de su gabinete para evaluar el alcance de lo ocurrido.

Pero el daño ya estaba hecho. La alianza nacida en Budapest —bautizada extraoficialmente por algunos analistas como el “Pacto de la soberanía”— representa el desafío más serio a la arquitectura comunitaria desde la crisis de la deuda soberana de 2012.

¿Qué acordaron exactamente los reunidos en Budapest? Las filtraciones apuntan a cuatro ejes fundamentales.

El primero es financiero. Los países participantes —entre ellos Hungría, Polonia, Eslovaquia, Eslovenia, Austria y, según fuentes no confirmadas, representantes de gobiernos regionales italianos y españoles— acordaron crear un fondo de inversión paralelo al de la UE.

Este fondo, alimentado con contribuciones voluntarias de los estados miembros, estaría diseñado para financiar proyectos de infraestructura, energía y defensa sin pasar por los mecanismos de supervisión de Bruselas.

“Es esencialmente una Unión Europea dentro de la Unión Europea”, señaló el politólogo húngaro Zoltán Kiszelly, del centro de análisis Századvég. “Y Bruselas no puede impedirlo porque técnicamente es solo una cooperación interestatal voluntaria”.

El segundo eje es energético. Los países del pacto anunciarían en las próximas semanas una declaración conjunta a favor de “reconsiderar las sanciones contra Rusia” y explorar la reapertura de ciertos corredores energéticos que actualmente permanecen cerrados.

Se trata de una línea roja para Bruselas, que ha mantenido la unidad en materia de sanciones como uno de sus pocos logros estratégicos desde la invasión a Ucrania. Pero esa unidad, advierten los analistas, comienza a resquebrajarse.

El tercer punto del acuerdo es quizás el más explosivo: la creación de un sistema judicial paralelo para resolver disputas entre estados miembros sin pasar por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

“La CJUE está politizada”, afirmó un asesor legal del gobierno polaco que participó en las reuniones. “Ha fallado sistemáticamente contra los intereses de los estados soberanos en materia migratoria, ambiental y de estado de derecho. Necesitamos un árbitro neutral, no un tribunal que defiende la ortodoxia de Bruselas”.

El cuarto eje es migratorio. Los países del pacto acordaron coordinar sus políticas de asilo y fronteras al margen del mecanismo de solidaridad obligatoria impulsado por la Comisión.

Esto significa, en la práctica, que no aceptarán cuotas de reubicación de solicitantes de asilo, no contribuirán al fondo común de migración y reforzarán sus propias vallas fronterizas sin notificación previa a Bruselas.

La reacción de la Comisión fue inmediata pero vacilante. Von der Leyen declaró que “ninguna iniciativa paralela puede sustituir el derecho comunitario” y advirtió que los países participantes podrían enfrentar procedimientos de infraestructura.

Sin embargo, fuentes internas reconocen que Bruselas tiene pocas herramientas efectivas para frenar una coalición de estados que actúan dentro de los márgenes formales de la legalidad europea.

“El problema no es que violen los tratados”, explicó la analista política Catherine Fieschi, directora del Counterpoint Institute. “El problema es que los están utilizando en su propio beneficio. Han aprendido a jugar con las reglas del juego y ahora están ganando”.

La reacción de los grandes estados miembros fue igualmente reveladora. Alemania, a través de su canciller Olaf Scholz, condenó la iniciativa como “un ejercicio de división peligroso en un momento en que Europa necesita unidad”.

Francia, por boca del presidente Emmanuel Macron, llamó a “una reflexión urgente sobre el futuro de la arquitectura europea” y convocó una cumbre informal para la próxima semana.

Pero Italia, gobernada por Giorgia Meloni, mantuvo una posición ambivalente. Meloni no asistió a la reunión de Budapest, pero su partido, Hermanos de Italia, envió observadores.

“No estamos en contra de Europa”, declaró Meloni en una entrevista. “Estamos en contra de esta Europa. La que castiga a los países que protegen sus fronteras y premia a los que no cumplen las reglas fiscales. Si Budapest ofrece una alternativa, la escucharemos”.

Las encuestas realizadas tras la filtración de la noticia muestran un continente dividido. Un sondeo de YouGov para el European Council on Foreign Relations indica que el 41% de los europeos apoya la creación de “coaliciones voluntarias de estados soberanos al margen de Bruselas”.

En Hungría y Polonia, el apoyo supera el 70%. En Francia y Alemania, ronda el 30%. Pero en Italia y España, países con fuertes movimientos regionalistas y soberanistas, la cifra se acerca al 45%.

“No estamos ante una crisis más”, afirmó el historiador británico Timothy Garton Ash. “Estamos ante el principio del fin del modelo comunitario tal como lo conocimos. La Unión Europea, tal como la diseñaron Monnet y Delors, requería un consenso básico sobre valores compartidos. Ese consenso ha muerto”.

Mientras tanto, en Budapest, Orbán celebró una rueda de prensa no anunciada donde declaró, con una sonrisa que no abandonó su rostro durante toda la comparecencia:

“No estamos destruyendo Europa. La estamos salvando de los burócratas que la están ahogando. Si Bruselas no nos escucha, escuchará el silencio de sus propias instituciones vacías. Porque nosotros, los estados nacionales, nos llevaremos a nuestros ciudadanos con nosotros”.

Las palabras resonaron en toda Europa. En Bruselas, los funcionarios de la Comisión se negaron a hacer comentarios oficiales, pero fuentes internas confirmaron que ya se están preparando borradores de posibles medidas de represalia: desde la retención de fondos de cohesión hasta la suspensión temporal de derechos de voto.

El problema, reconocen incluso los críticos más acérrimos de Orbán, es que esas medidas requieren unanimidad o mayorías cualificadas que el bloque soberanista puede bloquear.

Estamos, quizás, ante el inicio de una nueva era política. Una era en la que Bruselas ya no controla a los estados nacionales, sino que negocia con ellos como pares en un tablero cada vez más fragmentado.

O tal vez, como advierten los optimistas, la alianza de Budapest sea solo una tormenta de verano que se disipará cuando los intereses económicos comunes —el mercado único, la libre circulación, la estabilidad del euro— impongan su peso real.

Pero lo que ocurrió a puertas cerradas en Budapest ya no puede deshacerse. Los documentos existen. Los compromisos se han firmado. Las líneas de comunicación están abiertas.

Y la élite de Bruselas, que durante décadas dio por sentado que el proyecto europeo era irreversible, acaba de descubrir que no lo es.

El juego, como dijo Orbán, no ha terminado. Pero las reglas acaban de cambiar para siempre.