Dos agentes declaran bajo juramento que el exdirector general Leonardo Marcos y el DAO Manuel Llamas les instaron a “no ser proactivos” ante las presuntas irregularidades en la Diputación de Badajoz.
El juicio por el presunto enchufe de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha entrado en una dimensión institucional de extrema gravedad tras las sesiones celebradas esta semana en la Audiencia Provincial de Badajoz.
Lo que inicialmente se dirimía como un delito de prevaricación y tráfico de influencias en el ámbito de la administración local ha derivado, según los testimonios recabados en la sala de vistas, en una presunta operación de encubrimiento orquestada desde la cúpula del Ministerio del Interior.
La comparecencia de dos agentes de la Guardia Civil, cuya declaración no figuraba en las previsiones de las defensas, ha provocado un terremoto político al señalar directamente al exdirector general del cuerpo, Leonardo Marcos, y al actual Director Adjunto Operativo (DAO), Manuel Llamas, por presionar presuntamente a los investigadores para “enterrar” las pesquisas.
Según relataron los funcionarios del Instituto Armado bajo juramento, las instrucciones recibidas por parte de los altos mandos nombrados por el ministro Fernando Grande-Marlaska fueron explícitas.
Los agentes afirmaron que Leonardo Marcos ordenó a la unidad antifraude la elaboración de un informe que concluyera de manera categórica que “no había nada” punible en la contratación del hermano del jefe del Ejecutivo.
Las directrices, según el testimonio, exigían textualmente “no ser proactivos” contra las causas que afectaran al Partido Socialista.
En idéntico sentido, los testigos señalaron que el DAO, Manuel Llamas, les pidió formalmente “ponerse de perfil” durante el transcurso de dos reuniones de trabajo celebradas los días 12 y 16 de julio de 2024, fechas en las que David Sánchez se encontraba en plena fase de instrucción judicial intentando eludir la apertura del juicio oral.
Estas revelaciones de supuesta obstrucción coincidieron con la contundente ratificación del informe pericial por parte del teniente coronel de la UCO, Antonio Balas.
El investigador principal del caso desmontó la versión de la defensa al señalar al expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, como el único “motor político” capaz de ordenar la creación de la plaza de coordinador de conservatorios escénicos desde el área de Recursos Humanos, sorteando deliberadamente el departamento de Cultura, que era el que teóricamente debía gestionar dicha necesidad.
Balas aportó además correos electrónicos de octubre de 2016 en los que Gallardo reprochaba internamente a la responsable de Cultura, Elisa Moriano, que “pedía mucho personal”, para poco después impulsar de forma unilateral la plaza adjudicada a David Sánchez.
La UCO concluyó ante el tribunal que el puesto fue “un traje a medida”, aportando como prueba que el beneficiario ya buscaba alojamiento estable en Badajoz un mes antes de que se publicara la adjudicación del concurso.
El rigor del procedimiento selectivo quedó seriamente cuestionado tras desvelarse la existencia de dos actas de valoración diferentes con la misma fecha: el 29 de junio de 2017.
Mientras el documento oficial incorporado al expediente calificaba a seis aspirantes, una segunda acta localizada en los ordenadores incautados declaraba únicamente a David Sánchez como candidato “apto”.
Ninguno de los acusados ha logrado ofrecer una explicación coherente en la sala sobre el origen o la autoría de este documento duplicado, lo que refuerza el auto de la jueza instructora Beatriz Vietma, quien calificó el concurso como una “simulación de legalidad formal”.
La jornada sumó una nueva complicación judicial para el entorno socialista tras la declaración de José María Sánchez Sánchez, vicesecretario general del PSOE provincial y jefe del Servicio de Bibliotecas.
Propuesto por la defensa para legitimar la contratación de otro asesor de la Moncloa vinculado a la trama, Luis Carrero, el testigo incurrió en una flagrante contradicción al negar haber firmado un documento oficial de valoración.
Tras exhibirse en la pantalla de la sala el escrito con su firma digitalizada, el letrado del Partido Popular, Alberto Durán, solicitó formalmente al tribunal la deducción de testimonio contra él por un presunto delito de falso testimonio.
El clímax de la semana judicial se alcanzó con la breve comparecencia de David Sánchez, quien limitó su declaración a apenas diez minutos y aceptó responder exclusivamente a las preguntas formuladas por su propio abogado, Emilio Cortés.
El “hermanísimo” eludió responder a la Fiscalía y a las siete acusaciones populares, centrando su intervención en negar que la Oficina de Artes Escénicas fuera una estructura ficticia, definiéndola ahora como “un puesto” y no como una instalación física.
El diseño de la defensa, que evitó deliberadamente que el acusado respondiera sobre los sospechosos requisitos exigidos en las bases del concurso —donde se solicitaba la titulación en dirección de orquesta obtenida por él en Rusia—, provocó una reacción inmediata de las acusaciones.
Tras visionarse por orden del tribunal el vídeo de su declaración original ante la jueza de instrucción, donde se mostró titubeante e incapaz de ubicar físicamente su propio despacho, el Partido Popular y Vox elevaron por sorpresa la petición de pena de tres a seis años de prisión.
El juicio quedará visto para sentencia el próximo martes tras la exposición de los informes finales de las partes.
