Un reciente fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha vuelto a poner en el centro del debate político y social la crisis de las viviendas afectadas por la ampliación de la Línea 7B de Metro en San Fernando de Henares. La resolución judicial no solo reconoce una mayor compensación económica para una pareja afectada, sino que también abre la puerta a que decenas de vecinos reclamen revisiones al alza de las indemnizaciones ya recibidas.

El caso, que afecta a cerca de 70 familias, podría marcar un antes y un después en los procesos judiciales relacionados con daños estructurales derivados de infraestructuras públicas en la Comunidad de Madrid.

La sentencia, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, analiza el recurso presentado por una pareja que perdió su vivienda en la calle Rafael Alberti, una de las zonas más castigadas por el deterioro del terreno provocado por las obras del metro.

Estos vecinos ya habían sido indemnizados previamente con 272.000 euros por la Administración autonómica, una cifra que, según su reclamación, no reflejaba el valor real de su vivienda ni los daños sufridos.

Sin embargo, lejos de conformarse, decidieron acudir a los tribunales para solicitar una compensación adicional que ascendía a 163.000 euros más.

La resolución judicial les ha dado una victoria parcial, reconociendo aproximadamente 89.000 euros adicionales en distintos conceptos indemnizatorios.

El tribunal considera probado que el valor real del inmueble en el momento del siniestro era superior al inicialmente estimado por la Administración.

Además del valor de la vivienda, la sentencia también contempla la indemnización por los bienes personales y enseres que los propietarios no pudieron recuperar tras el derrumbe o la demolición.

En este apartado, se reconocen 7.719 euros adicionales destinados a compensar la pérdida de muebles y objetos personales.

Uno de los aspectos más relevantes del fallo es el reconocimiento del daño moral sufrido por los afectados.

El tribunal establece una compensación de 12.000 euros para cada miembro de la pareja en concepto de sufrimiento psicológico, incertidumbre y angustia derivados de la pérdida de su hogar.

La resolución describe este impacto emocional como “muy intenso”, subrayando la estrecha vinculación de los demandantes con la vivienda familiar.

Los magistrados también analizaron otros conceptos reclamados por los afectados, aunque no todos fueron aceptados.

Entre las peticiones rechazadas figuran la compensación por la falta de disponibilidad del inmueble y ciertos gastos administrativos, como notaría y gestoría.

Según el tribunal, estos costes no cumplían los requisitos necesarios para ser incluidos en la indemnización final.

El conflicto se enmarca en una problemática más amplia que afecta a decenas de vecinos de San Fernando de Henares, muchos de los cuales han visto cómo sus viviendas han sufrido daños irreparables o han tenido que ser demolidas.

La ampliación de la Línea 7B del Metro de Madrid ha sido objeto de polémica durante años, debido a los problemas de inestabilidad del terreno en la zona.

Diversos informes técnicos han señalado la complejidad geológica del área y la aparición de hundimientos progresivos que obligaron a evacuar y demoler viviendas.

En este contexto, la Asociación de Afectados del Metro de San Fernando de Henares ha desempeñado un papel clave en la organización de los vecinos afectados y en la coordinación de las demandas judiciales.

Su presidente, Juan, ha celebrado esta sentencia como un avance importante que podría beneficiar a otros afectados que aún están en proceso de reclamación.

Según la asociación, alrededor de 30 familias ya han iniciado procedimientos judiciales, mientras que otras 50 se encuentran evaluando la posibilidad de hacerlo.

Sin embargo, no todos los casos han tenido el mismo desenlace favorable.

A finales de abril, el mismo tribunal desestimó la reclamación de otra vecina, Nieves, cuyo caso se centraba en la pérdida de lucro cesante, una vía legal distinta a la utilizada en la sentencia actual.

Esta diferencia de enfoques jurídicos ha generado disparidad en las resoluciones judiciales dentro de casos aparentemente similares.

El fallo actual también destaca el papel de las pruebas periciales presentadas por ambas partes.

Por un lado, la Comunidad de Madrid aportó informes de valoración inmobiliaria; por otro, los demandantes presentaron estudios técnicos independientes elaborados por distintas firmas especializadas.

El tribunal otorgó mayor credibilidad a los informes aportados por los vecinos, al considerar que reflejaban con mayor precisión el valor de mercado de las viviendas afectadas.

En su argumentación, la Sala concluye que el valor real del inmueble ascendía a 242.188,45 euros, cifra superior a la inicialmente reconocida por la Administración.

Este ajuste en la valoración es el elemento clave que permite el incremento final de la indemnización.

La sentencia, además de su impacto económico inmediato, podría tener consecuencias jurídicas más amplias si otros afectados consiguen demostrar situaciones similares.

De hecho, los propios vecinos consideran que este fallo puede convertirse en un precedente importante para futuras reclamaciones.

Mientras tanto, el caso sigue generando debate político y social en Madrid, donde se cuestiona la gestión de las obras de la Línea 7B y la respuesta institucional ante los daños provocados.

Con esta decisión judicial, el conflicto de San Fernando de Henares vuelve a situarse en el foco, dejando abierta la posibilidad de nuevas reclamaciones y revisiones de indemnizaciones que podrían afectar a decenas de familias más.